Las autoridades de esa entidad tienen listo un anteproyecto de ley que presentarán en los próximos días al ministro de Gobierno, Ricardo Fábrega, para que lo lleve ante el presidente de la República, Ricardo Martinelli.
La idea es que antes de que finalice este año, la propuesta sea aprobada por la Asamblea Nacional.
El documento contempla que Cotel se convierta en una sociedad anónima muy parecida a la estructura administrativa del aeropuerto internacional de Tocumen, en el que el Estado sea el regulador y se puedan dar concesiones a grupos privados.
Esta reforma en el sistema de apartados postales viene desde la pasada administración de Martín Torrijos. Sin embargo, no fue hasta este año cuando se hizo algo concreto al respecto.
Hay que recordar que los administradores de esa institución han carecido de estabilidad desde que empezó este gobierno, en 2009. Primero fue director de Cotel el panameñista Exberto Cedeño, que duró 24 días en el cargo. Luego, Teresa Montilla estuvo encargada de la dirección hasta la entrada de la actual directora, Dalila Mosquera, a finales de 2011.
Los dos primeros intentaron poner en marcha la reforma, pero fue poco lo que lograron.
Incluso, la exministra de Gobierno Roxana Méndez ya había dado pista de lo que harían. “Se evalúan dos propuestas: privatizar o formar un modelo mixto, en el que parte de las acciones sean del Estado, y el resto, de capital privado”, dijo en su momento.
ESTUDIO
De hecho, las propuestas que evaluó el Gobierno son las mismas recomendaciones que dieron como resultado una consultoría encargada por Cotel a la firma española Novadays S.L.
Según la directora de Cotel, Dalila Mosquera, la nueva entidad se llamaría Correos de Panamá S.A., y su estructura administrativa estaría formada por el regulador (el Estado) y el operador que podría darse a empresas a través de contratos de concesiones.
Cabe mencionar que antes de que el Ejecutivo lleve al Órgano Legislativo este anteproyecto de ley, en Cotel harán un estudio de factibilidad para determinar cuánto podría generar el sistema de apartados postales con esa nueva estructura administrativa.
Este estudio podría costar entre $150 mil y $200 mil; sin embargo, en la institución buscan financiamiento para hacerlo. “El estudio me va a decir cuánto debe invertir el Estado, cuál será el tiempo de retorno del dinero y cuántos serían los egresos e ingresos de la nueva sociedad”, explicó Mosquera.
Es más, ese análisis podría determinar si hay que indemnizar a funcionarios o no, pues este sistema podría implicar la eliminación de algunas plazas de empleo.
Actualmente, la entidad tiene 887 funcionarios y 123 estafetas; 119 están funcionando, mientras que 4 se están reparando.
MAL PAGADOS
Los empleados, por su parte, se han quejado constantemente, pues son unos de los peores pagados en el Gobierno. Sus salarios oscilan entre $300 y $375, lo que algunos califican como una situación “deplorable”, ya que están por debajo del salario mínimo.
Ismael Ruiz, aún presidente de la Asociación de Empleados de Cotel, denunció que esta “supuesta modernización” la quieren hacer a espaldas de los empleados, y por ello lo sacaron de la institución este año. “Hay muchos secretos detrás del proyecto”, aseguró.
Las evaluaciones realizadas con anterioridad en la entidad señalan que el proceso de modernización de los correos y telégrafos podría costar entre $10 millones y $15 millones. Las autoridades aseguran que mientras más rápido se implementa la reforma, menos costosa será la inversión.
El ministro de Gobierno, Ricardo Fábrega, cree que el modelo a seguir debe ser algo parecido a Tocumen S.A. para que el servicio sea más eficiente. “Podría ser una corporación mixta o meramente estatal, pero esa es la tendencia mundial en cuanto a este tipo de servicio”
Explicó que se han hecho reuniones con la Asociación Mundial de Correos y se han estudiado modelos de otros países. Aseguró que le está prestando atención especial al tema financiero de la nueva estructura, porque de ello dependería su ejecución.
Esta entidad, calificada como la “cenicienta” del Gobierno, tiene un presupuesto de $9 millones anuales, pero cada año presenta un déficit que supera los $2 millones.
´Venderán otro activo que podría generar ingresos´
Agrupaciones de la sociedad civil y empresariales no comparten la idea de convertir los correos en una sociedad anónima o privatizar algunos de los servicios que presta. Fernando Díaz Jaramillo, coordinador de la Alianza pro Ciudad, piensa que no es necesario llegar a esos extremos porque considera que con una inversión razonable se puede modernizar la institución. “Me parece que con el discurso de una institución desfazada, las autoridades venderán otro activo que podría generar ingresos al país”, agregó el activista. Para el dirigente de la Alianza pro Ciudad, lo que se buscará más adelante es liquidar y privatizar el sistema de apartados postales.
La postura de Díaz Jaramillo es muy parecida a la realidad de los correos y telégrafos en América Latina, en donde una parte importante de regiones ha optado por mantener público el servicio. Para tener una idea, en Estados Unidos, Perú, Ecuador, Venezuela, Chile y Costa Rica, el servicio postal es estatal. En México, Uruguay, El Salvador y Colombia también lo es, pero lo administra un organismo descentralizado. Incluso, en Argentina, los servicios postales fueron privatizados en 1997, pero en 2003 el Gobierno –basado en que no hubo mejoría en la calidad del servicio– lo reestatizó.
En Panamá fue el propio presidente, Ricardo Martinelli, quien trató en primera instancia el tema de privatizar los correos. En noviembre de 2010 el mandatario lo anunció en América Economía, una revista con 90 mil suscriptores en Latinoamérica. “Tenemos un sistema de apartados que está muy mal. Una de las cosas que debemos pensar en arreglar es el sistema de correo... De hecho, debemos pensar en privatizar el correo”, declaró el mandatario. Al respecto, Roberto Troncoso, recién elegido presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, manifestó que Cotel es una entidad desfazada, pero que puede ser modernizada desde el propio Estado. “No tiene sentido lo que quiere hacer el Gobierno. Lo que pienso es que deben meterle cariño”, agregó Troncoso.
FUENTE: OHIGGINIS ARCIA JARAMILLO - http://www.prensa.com
