El perro labrador aceleró el paso por cada espacio entre pupitres, buscó drogas en bultos, loncheras y demás pertenencias de los jóvenes. Olfateó áreas verdes y pasillos, pero nunca se sentó.
La pesquisa de drogas de ayer en un colegio de San José no dio con rastro alguno de marihuana, crack, cocaína, heroína o éxtasis; los alumnos respiraron tranquilos, como de costumbre.
Sin embargo, en el 2012, en el 65% de operativos similares al de ayer sí se detectaron drogas: uno o dos jóvenes –por colegio– las llevaron a las aulas y pasillos.
Los rastreos caninos son parte del Programa Regional Antidrogas (PRAD) del Ministerio de Seguridad Pública, para prevenir el consumo y tráfico de sustancias ilícitas en entidades de secundaria tanto públicas como privadas.
En lo que va del año, los oficiales del PRAD realizaron 368 apariciones “sorpresa” en 154 colegios distintos en todo el país, de los cuales el 25% son privados.
Por día, en conjunto con la Unidad Canina K-9, de la Fuerza Pública, fueron a cinco centros de estudios en forma simultánea.
Pruebas. Juan José Andrade, director de la Fuerza Pública, detalló que la provincia con más drogas en sus colegios es San José, donde los jóvenes acostumbran usarlas para consumo propio.
La sustancia más frecuente en bultos, ropas y bolsillos de los estudiantes es la marihuana: de marzo a la fecha, los oficiales decomisaron 154 cigarrillos y 79 gramos de esta droga.
Según el último estudio del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), cerca del 9% de los colegiales admiten haber consumido marihuana.
El segundo lugar en la lista de drogas más consumidas en las aulas lo ocupa el crack, con 77 dosis confiscadas durante este 2012. Andrade añadió que también localizaron dosis de cocaína, tres armas de fuego y 12 armas blancas.
Cuando detectan una sustancia ilícita, los oficiales deben decomisarla y enviarla de inmediato al Complejo de Ciencias Forenses, donde debe ser destruida.
Y aunque hasta ahí llegan los alcances de la Fuerza Pública, Andrade dijo que lo ideal es que el liceo notifique del hallazgo a las familias de los muchachos y, en algunos casos, pida asistencia al IAFA.
Rocío Solís, directora de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública (MEP), aseguró que trabajan de la mano con el equipo antidrogas para asegurar que no violen los derechos del alumnado en el momento de la intervención.
Solís dijo que, desde el 2003, capacitan y vigilan de cerca a los 73 oficiales que conforman el PRAD.
Andrade dejó claro que cualquiera puede solicitar al equipo antidrogas para que haga “visitas” en determinada institución. “Tanto familias como directores y vecinos alertan a la Policía; ahí es cuando coordina con el MEP y define si hace el operativo”, explicó.
La intervención de ayer ocurrió tres semanas después de que el MEP distribuyera en los colegios un protocolo o guía para que profesores y orientadores sepan cómo atender casos de venta o consumo de drogas, entre otros temas.
FUENTE: Irela Fornaguera O. - http://www.nacion.com
