La agencia de noticias Télam informó que además de estas condenas carcelarias, el tribunal absolvió a ocho personas lo que generó diversas reacciones entre quienes asistieron a la audiencia.
El nombre del caso sometido a juicio (Escuelita II) proviene del término usado por los torturadores para referirse a uno de los lugares clandestinos en los que sometían hasta la muerte a los opositores que secuestraban. El Sindicato de la Prensa de Neuquén (Spnqn) explica en su portal web que esta parte de la investigación judicial abordó como centros de tortura a la comisaría de Cipolletti, la de Cutral Co, la sede de la policía Federal en la ciudad de Neuquén, el centro "La Escuelita"-en los fondos del Batallón- y en algunos casos oficinas de la U 9.
Los lugares clandestinos son, según detalla el Spnqn, aquellos donde "los secuestradores retenían a sus víctimas y los interrogaban con los ojos vendados, maniatados de pies y manos, y bajo torturas que involucraron el uso de la picana, los métodos de submarino seco o mojado, golpes hasta el desmayo o perder las dentadura, o la audición, simulacros de fusilamiento o severas palizas durante períodos de tiempo -días, semanas o meses- en los que apenas eran alimentados".
Las máximas condenas fueron para los ex jefes militares Osvaldo Antonio Laurella Crippa, con 23 años de cárcel, Enrique Braulio Olea, 22, Oscar Reinhold, 21, Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín, 19, y José Ricardo Luera, 16 años.
Los que recibieron condenas menores a doce años de cárcel fueron el ex agente de Inteligencia, Raúl Guglielminetti (12), Charles Casagrande, perteneciente al departamento de Inteligencia militar (8), Máximo Maldonado (7) también ex miembro de Inteligencia, el ex comisario de la Policía de Río Negro, Antonio Camarelli (10), el ex jefe militar Gustavo Viton (8), el ex policía de Inteligencia, Miguel Quiñones (6 y 6 meses), y el ex agente de Inteligencia militar Francisco Oviedo (4).
Las personas absueltas fueron los ex policías de Río Negro, Serapio Barros, Gerónimo Huircain, Oscar Del Magro, Julio Villalobo, Saturnino Martínez y Desiderio Penchulef; también fueron absueltos el ex comandante de Gendarmería, Emilio Sacchitella y al ex miembro del destacamento de Inteligencia del Ejército, Jorge Gaetani.
Reacciones
Marcelo Grosso, fiscal federal, es uno de los encargados de hacer las solicitudes condenatorias y expresó que, a pesar de estar en desacuerdo con algunas absoluciones, no se siente decepcionado por las sentencias.
"Esto sirve para contrarrestar los discursos de quienes aseguran que 'todos están condenados'. Esto ha demostrado que no es así, que no hay fórmula ni formulario para imponer 25 años de prisión a todo el mundo y que el Tribunal ha mensurado las penas dentro de la escala que corresponden", explicó Grosso.
Juan Cruz Goñi, abogado de la Asamblea por lo Derechos Huamanos de Neuquén, lamentó que no haya habido condena en el casi de la policía de Cipolletti. "Estudiaremos todo lo necesario para efectuar las apelaciones que correspondan en todo lo que nosotros consideramos que es importante".
Ivana Dal Bianco, representante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y Beatriz Getile, delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también motraron su inconformidad con la decisión del tribunal.
La lectura de la sentencia en la provincia de la Patagonia Argentina se realizó sin inconvenientes. Sin embargo, según informó Télam, cuando terminó el trámite hubo protestas por parte de algunos de los asistentes a la audiencia y frente a las instalaciones del salón hubo un acto de los familiares y amigos de los desaparecidos o asesinados, donde se criticó al Tribunal.
Este juicio se corresponde con los que se retomaron en 2007, luego que el de septiembre de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner promulgara la Ley 25.779, que declaró la nulidad de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), que impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1976-1983) fueran juzgados.
FUENTE: AVN
