Figuras panameñas también se suman a las pesquisas que se realizan a nivel mundial para dar con los recursos que Gaddafi y sus socios habrían tratado de ocultar durante los 42 años de dictadura en Libia.
Hoy día, el Comité de Seguimiento de Activos de Libia (Asset Trading Committee), creado por el nuevo gobierno de ese país para investigar y lograr la devolución de los bienes que pertenecen al pueblo libanés, tiene sus ojos puestos en Panamá.
Esto, tras encontrar los primeros indicios de que una firma de abogados con sede en Panamá ayudó a ocultar estos fondos a través de sociedades anónimas registradas en Islas Vírgenes Británicas (BVI).
El pasado mes de octubre, el Comité de Seguimiento de Activos de Libia solicitó por escrito a la Procuraduría General de la Nación, una asistencia judicial para dar con parte de los fondos que manejó irregularmente Gaddafi fuera de su país.
El comité autorizado por el Gobierno de Libia también le pidió a la Procuraduría de Panamá iniciar una investigación contra la filial en BVI de una reconocida firma de abogados panameña por su papel de ayudar a ocultar activos robados de su país.
Según Ann Marlowe, una de las investigadoras y parte del equipo de recuperación de estos fondos, autorizada por el Comité de Seguimiento de Activos de Libia, se encontró que al menos siete sociedades registradas en BVI bajo la representación de la firma de abogados panameña contienen bienes que parecen ser objeto de apropiación indebida por parte de Ali Ibrahim Dabaiba, antiguo líder de una oficina gubernamental de Libia, llamada la Oficina para el Desarrollo de Centros Administrativos, en inglés “The Office for the Development of Administrative Centers” (ODAC).
Ali Ibrahim Dabaiba fue líder de ODAC desde su fundación en el año 1989 hasta escapar del país a principios de 2011. Este año Dabaiba fue agregado a una “lista negra” con cientos de otros libios asociados con el régimen de Gaddafi. “La lista negra indica que las propiedades de estos individuos en cuestión, junto con sus hijos, son considerados bienes robados del pueblo de Libia”, señaló Marlowe en la solicitud de asistencia hecha al procurador panameño, José Ayú Prado.
Al mando de la ODAC, Dabaiba manejó múltiples contratos de diseño y construcción de edificios de oficinas públicas en Libia bajo la modalidad “llave en mano”, incluida la infraestructura de la Universidad de Al Fateh en Trípoli por 2 mil 500 millones de dólares.
De acuerdo con la investigación del Comité de Seguimiento de Activos de Libia, Dabaiba adjudicó varios de estos contratos a compañías de Malta cuyos accionistas mayoritarios son sociedades creadas en BVI y que son representadas por la reconocida firma de abogados con sede en Panamá. Los beneficiarios serían los propios familiares de Dabaiba, específicamente su hermano Yusef Albrahim Dabaiba, de acuerdo con la investigación.
La legislación Libia prohíbe el nepotismo “al cuarto grado de relación” en el otorgamiento de contratos gubernamentales. La pena por el delito de nepotismo es de cinco años de prisión.
Además, la legislación libia prohíbe que un funcionario proporcione sus servicios o posea una empresa privada, sin importar qué tipo de empresa sea. “Ali Ibrahim Dabaiba era propietario de una compañía escocesa, ahora disuelta, y un director de esa empresa y otra empresa escocesa, actualmente activa”, señaló Marlowe.
Entre el 21 de diciembre de 2011 al 8 de febrero de 2012, de seis compañías maltesas beneficiadas con contratos de la ODAC ejecutaron transferencias de acciones a siete compañías de BVI, todas registradas bajo representación de la filial de la firma panameña.
FUENTE: Con información de Rafael Berrocal - http://www.panamaamerica.com.pa
