El estudio fue elaborado por la Oficina de Derechos Humanos de la CNV, una oficina creada por la entidad a raíz de los numerosos pedidos de la justicia sobre la actuación de un grupo de sus funcionarios durante el régimen militar.
La investigación reveló que dichos funcionarios "presionaron a empresarios para apoderarse de sus firmas y colaboraron con los torturadores para sacar activos financieros y apoderarse de las empresas", dijo Alejandro Valoni, presidente de la CNV en la presentación.
El informe cifra en 130 los empresarios, financistas y agentes de bolsa secuestrados por los mismos grupos encargados de capturar opositores y llevarlos a centros clandestinos de detención.
"En algunos casos existió el secuestro completo de directorios y de empleados y el desapoderamiento de bienes", sostiene el trabajo, que se presentará completo el 15 de abril.
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