En abril de 2013 dos magistrados decidieron intervenir los teléfonos de Sarkozy, así como de su abogado, Thierry Herzog, y sus ministros del Interior Brice Hortefeux y Claude Guéant, en el ámbito de las investigaciones por financiamiento ilegal de la campaña que lo llevó a la presidencia en 2007.
Los jueces descubrieron que el exmandatario utilizaba, además, otro número telefónico, adquirido con una identidad ficticia, y también decidieron interceptarlo.
El objetivo de esta operación sería determinar si Sarkozy o sus colaboradores ejercían algún tipo de tráfico de influencias para obstaculizar las pesquisas sobre pagos sospechosos durante la contienda electoral que lo llevó al Elíseo.
Según el diario Le Monde, que cita fuentes cercanas al expediente, el fiscal de la sala de lo civil Gilbert Azibert, amigo del abogado de Sarkozy, les filtraba información confidencial sobre los casos que implicaban al ex presidente.
A cambio, Sarkozy buscó ubicarlo en un puesto de consejero de estado en Mónaco.
Tres días después de estas revelaciones, el diario Le Point aseguró hoy que el juez Azibert se intentó suicidar y se encuentra hospitalizado actualmente en un hospital de Burdeos.
Esta es la segunda tormenta consecutiva que golpea a Sarkozy, tras las revelaciones la semana pasada del contenido de algunas cintas grabadas subrepticiamente por su antiguo consejero Patrick Buisson.
Varias reuniones de trabajo, así como conversaciones informales entre el entonces mandatario y sus colaboradores o su esposa fueron registradas por el funcionario y difundidas en el sitio de internet Atlantico.
Sarkozy y su esposa pusieron una demanda ante un tribunal de justicia a título personal para impedir que continúe la difusión de estas cintas.
Los abogados pretenden evitar que salgan a la luz otras nuevas grabaciones de los cientos de horas en poder de Buisson.
Desde que abandonó la presidencia Sarkozy ha sido salpicado por varios hechos de corrupción, entre ellos un posible financiamiento a su campaña por parte de la heredera del imperio L Oreal o por Libia.
El exmandatario también se mantiene en la mira de la justicia por el caso Karachi, relativo a las comisiones derivadas de la venta de armas a Pakistán, o el del polémico arbitraje que favoreció al empresario Bernard Tapie.
Si se comprueba la vinculación en tráfico de influencias ello podría entorpecer sus aspiraciones de volver al Palacio del Elíseo en las elecciones presidenciales de 2017.
| FUENTE: Prensa Latina |
