Fue capturado el viernes en Santa Cruz de la Sierra y entregado el domingo a la noche por orden del presidente de Bolivia, Evo Morales, a autoridades argentinas en la población fronteriza de Yacuiba.
En el operativo intervino el ministro de Gobierno de ese país, Jorge Pérez, quien se ocupó en persona del traslado. El represor, de 68 años, estaba prófugo de la Justicia Federal y para obtener datos sobre su paradero se había ofrecido una recompensa de 500 mil pesos por información que posibilitara su captura.
Interpol lo venía siguiendo y había detectado que salía a hacer compras por las noches y así pudo ser apresado. En ese momento estaba en compañía de una joven de 25 años que sería su sobrina.
Interpol ya lo tenía en su lista con el “código rojo”, pero la detención en Bolivia se concretó porque el represor cometió una contravención migratoria: no hay registros de su ingreso al país vecino en forma legal, como tampoco de su salida de Argentina. Lo único que poseía al ser detenido es un comprobante que se gestiona en Migraciones a quien asegura haber perdido los documentos. Una alta fuente diplomática reveló a este diario que Páez Senestrari “se negaba a colaborar y a dar su identidad, lo cual dificultó su traslado”. Los policías bolivianos verificaron que se trataba de la persona buscada y le devolvieron su documento, lo cual provocó que el represor luego argumentara carecer del mismo. Como el documento no aparecía, hubo que chequear nuevamente su identidad a partir de las huellas dactilares y eso causó la demora en ser entregado a las autoridades de Gendarmería Nacional. Sin embargo, el documento que tenía en su poder había sido emitido por el gobierno de la ciudad de San Juan, no por una autoridad federal.
Una vez en el avión que lo trajo a Buenos Aires, Páez Senestrari se quejó reiteradamente de ser “víctima de una persecución política” y de que estaban “violando sus derechos humanos”.
La causa
La imputación contra Páez Senestrari corresponde a la causa que investiga el secuestro y las torturas infligidas al ex secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de San Juan Hugo Ricardo Bustos. El Tribunal Federal de esa provincia ordenó a fines de 2011 la captura nacional e internacional de Páez Senestrari y otros seis represores imputados en el primer juicio realizado en esa provincia por delitos de lesa humanidad, que acumuló cuatro causas, entre ellas el caso Bustos.
Como oficial del Ejército, Páez Senestrari sirvió durante la dictadura en el regimiento RIM 22 y los testigos declararon que integró “la patota” que secuestró a militantes políticos, sociales, estudiantiles y ex funcionarios gubernamentales de la provincia. También fueron señalados como miembros del mismo grupo quien era jefe de inteligencia del RIM 22, Jorge Olivera, y Osvaldo Benito Martel, Antonio Lazo, Daniel Gómez, Horacio Nieto, José Del Torchio y Gustavo Demarchi, entre otros oficiales y suboficiales condenados a penas de hasta 25 años y prisión perpetua, en algunos casos.
| FUENTE: Página 12 - http://www.tiempodesanjuan.com |
