Asimismo se involucra al secretario de seguridad pública de Iguala, Felipe Flores; al subjefe de la policía local, César Nava González; y a El Gil, dirigente del grupo delictivo Guerreros Unidos.
El procurador Jesús Murillo Karam, detalló que en la alcaldía de Iguala se mantenían algunos miembros de la banda en condición de policías municipales, lo que habría facilitado el secuestro de los estudiantes.
Murillo explicó que Abarca presuntamente ordenó el 26 de septiembre que la policía de su municipio pidiera apoyo al personal del municipio Cocula para evitar que los estudiantes, quienes habían llegado a la ciudad para recoger fondos económicos para el movimiento estudiantil de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, sabotearan la presentación del informe de la Presidencia de la Alcaldía de Iguala.
Explicó que los estudiantes supuestamente pretendieron tomar dos unidades de la ciudad, lo que originó la persecución y el ataque de los uniformados.
Los policías, además de atacar a los estudiantes, dispararon contra un autobús donde se movilizaban jugadores del equipo de fútbol de tercera división Los Avispones, que viajaban por la carretera Iguala-Chilpancingo.
Esta acción dejó un saldo de seis muertos, entre ellos un menor de edad, 25 heridos; además de los desaparecidos.
“El grupo de normalistas es ingresado a la Central de la policía de Iguala y tiempo después son sustraídos de esta dependencia por policías del municipio de Cocula, quienes actuaban en complicidad con los de Iguala", detalló.
El funcionario precisó que la policía de esa localidad trasladó al grupo de estudiantes detenidos a un lugar entre los límites de Iguala y Cocula, donde fueron entregados al grupo de Guerreros Unidos en presencia de cuerpos policiales de Iguala.
"Lo que acontecido el 26 de septiembre en Iguala constituyó una represión violenta, por parte de las policías de Iguala y Cocula con la intención de disuadir a un grupo de personas a hacer presencia en el evento de celebración que el alcalde y su esposa estaban realizando esa noche en Iguala con motivo del informe”, señaló el procurador.
A la fecha, el Ministerio Público Federal solicitó órdenes de aprehensión contra Abarca, quien fue destituido del cargo tras la masacre, y contra María de los Ángeles; ambos se encuentran prófugos.
También se ha identificado a tres integrantes de Guerreros Unidos que recibieron a los estudiantes, así como el camino por el cual fueron internados al lugar.
Hasta el momento hay 52 personas detenidas y consignadas, entre policías locales, funcionarios municipales e integrantes de Guerreros Unidos.
| FUENTE: AVN |
