Según Tiempo Argentino, las declaraciones del funcionario llegaron poco después de que las conexiones del gobernante Partido Colorado de Paraguay con las más diversas formas de la corrupción quedaran nuevamente al desnudo. El pasado jueves, el Senado decidió pasar a la Justicia penal los resultados de una investigación en la que aparecen comprometidos con el narcotráfico tres diputados leales al presidente Cartes. Durante una sesión ordinaria del pleno de la Cámara alta, el senador Arnaldo Giuzzio, del opositor Partido Demócrata Progresista (PDP), señaló expresamente a los diputados Freddy D'Ecclesiis, Bernardo Villalba y Marcial Lezcano, a los que agregó al legislador suplente Carlos Rubén Sánchez Garcete.
El creciente fenómeno de la "narcopolítica" –el financiamiento de los narcotraficantes a líderes partidarios de todos los niveles– ya había sido denunciado en 2010.
"Quiero mencionarles que cada una de estas investigaciones se dan en diferentes procesos en los que se emplearon distintas modalidades probatorias", entre ellas conversaciones telefónicas que fueron interceptadas, dijo Giuzzio, durante la sesión de la que participó también el titular de la Senad, Rojas. Casi sin debate previo, los senadores aprobaron por unanimidad una moción de la colorada Blanca Ovelar, una senadora de buena llegada a la casa de gobierno, para que el informe de su par del PDP sea presentado ante la Fiscalía y las estructuras partidarias, a fin de "no titubear" en este tema.
En ese marco, Rojas sostuvo que, pese a tratarse de legisladores oficialistas, la investigación de la Senad cumple con "un mandato directo del presidente Cartes, que ha declarado la guerra al narcotráfico y ha asumido personalmente ese liderazgo".
El jefe de la agencia gubernamental de combate a las drogas consideró, además, que ninguno de los diputados señalados es "un objetivo directo", sino que la finalidad de la investigación es "desarticular una estructura del crimen organizado en la que participaron algunos actores políticos".
El creciente fenómeno de la "narcopolítica" –el financiamiento de los narcotraficantes a líderes partidarios de todos los niveles– ya había sido denunciado en 2010, cuando el diario ABC Color de Asunción publicó unos cables divulgados por la organización WikiLeaks que involucraban al propio Cartes con los clanes de la droga. En las últimas semanas, a raíz del doble asesinato el 16 de octubre pasado en el departamento de Canindeyú de los periodistas Pablo Medina y Antonia Almada –que investigaban el auge del narcotráfico en las áreas de frontera con Brasil–, las denuncias sobre los políticos pagados por las mafias crecieron exponencialmente. Al día siguiente del doble crimen, Rojas reveló que en el norte paraguayo “conviven en forma violenta más de 100 bandas de traficantes de marihuana, asociadas a grupos similares de Brasil”.
Periodistas asesinados y lavado de dinero
Aunque después aparecieron varios dirigentes colorados que se sintieron heridos por las denuncias que los vinculaban al narcotráfico y al asesinato de los dos periodistas de Canindeyú, al principio sólo el presidente Horacio Cartes se dio por aludido. El 21 de octubre dijo que "para salvaguardar nuestra integridad moral mi gobierno ordenará que se investiguen a fondo estos asesinatos".
El presidente, al que el diario ABC ha denunciado como "contrabandista de cigarrillos" –Cartes es dueño de la Tabacalera del Este, la más grande del país, investigada en Brasil, Venezuela y Aruba–, dijo que no está dispuesto a convivir con la narcopolítica, pero no se refirió ni a los dichos del senador Roberto Acevedo –aseguró que varios legisladores colorados pagaron sus campañas electorales con dinero del narcotráfico– ni a las denuncias que vinculan a los asesinos de los periodistas de Canindeyú con su Partido Colorado.
Hace cuatro años, el presidente –por entonces sólo un poderoso empresario que no había tenido mayores relaciones con la política– cobró notoriedad cuando ABC divulgó un cable de WikiLeaks fechado el 5 de enero de 2010 que señalaba que había sido investigado por la DEA estadounidense por haber utilizado su Banco Amambay para lavar dinero del narcotráfico.
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