La decisión judicial llega cuando su futuro político está ya en el aire por el veto que ha impuesto a una nueva investidura el partido anticapitalista CUP, al que necesita la candidatura electoral de Mas tras no haber logrado mayoría absoluta en los comicios del domingo pese a haberlos ganado.
La fiscalía acusa a Mas de desobediencia, usurpación de funciones, malversación de caudales públicos y prevaricación por haber obviado al Tribunal Constitucional, que le instó a no celebrar la votación del 9 de noviembre. Tendrá que declarar en el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) el 15 de octubre. Si la causa sigue adelante, se enfrenta a penas de suspensión e inhabilitación de hasta 10 años.
La idea inicial de Mas era celebrar el 9 de noviembre un referéndum de autodeterminación, pero el gobierno de Mariano Rajoy lo frenó con un recurso ante el Tribunal Constitucional, que lo vetó. La consulta simbólica que anunció entonces -sin censo previo y en urnas de cartón- tuvo el mismo destino, pero Mas siguió adelante.
Junto a él fueron imputadas la entonces vicepresidenta, Joana Ortega, que compareció durante aquella jornada para dar datos de participación como si de una votación oficial se tratara, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, de la que dependían escuelas usadas como centros de votación. Declararán dos días antes que Mas.
Para el gobierno catalán, se trata de un "juicio político" y una "anomalía democrática". "Tenemos la plena convicción de que no se ha hecho nada ilegal", aseguró la vicepresidenta, Neus Munté.
El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, desveló que el TSJC decidió imputar a Mas antes, pero el anuncio se postergó hasta ahora para no interferir en las elecciones catalanas del domingo.
Convergència, el partido del jefe del Ejecutivo regional, denunció una persecución política. Oriol Junqueras, líder de ERC, formación socia en la candidatura secesionista Junts Pel Sí (Juntos por el Sí), consideró que es "la mejor demostración" de que "la pertenencia a España es inviable".
La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, organizaciones de la sociedad civil que tienen a ex miembros en esa candidatura, creen que no se trata de "un hecho aislado" y acusaron al Estado de "negar el derecho de los ciudadanos de Cataluña a expresarse".
La investigación contra Mas comenzó en diciembre en el TSJC en base a siete querellas y una veintena de denuncias por desobediencia. Desde entonces, el tribunal ha llevado a cabo pruebas testificales y ha recopilado documentación.
La imputación no supone acusación formal, sino citación a responder ante el juez acompañado por un abogado, aunque puede ser el paso previo. Sobre la acusación decidirá el juez tras escucharlo.
Meses después de haber ordenado la suspensión del referéndum del 9-N y de la consulta alternativa, el Tribunal Constitucional español declaró que eran contrarios a la Carta Magna.
En el horizonte de Artur Mas ha estado desde 2012 la celebración de un referéndum de autodeterminación.
Como no pudo hacerlo, el 3 de agosto convocó elecciones regionales anticipadas para el 27 de septiembre, dándoles oficiosamente carácter de plebiscito sobre la independencia. Si el secesionismo se imponía con mayoría absoluta, dijo, iniciaría el proceso para proclamar la separación en un plazo máximo de 18 meses.
Junts Pel Sí, la lista que impulsó y por la que es candidato de nuevo a la jefatura del gobierno, ganó pero se quedó a seis escaños de la mayoría absoluta en el Parlamento. La CUP, la otra lista independentista, logró diez, erigiéndose en clave para el futuro del proceso. Juntas suman 72 escaños, cuatro por encima de la mayoría absoluta, aunque no llegan al 48 por ciento de los votos.
La formación izquierdista cree sin embargo que no se puede proclamar la secesión con ese porcentaje de votos y, en las antípodas ideológicas del partido liberal de Mas, se niega a apoyar su investidura por los recortes aplicados por su gobierno y por los escándalos de corrupción que salpican a su partido, Convergència.
La formación del jefe del Ejecutivo catalán, ahora en funciones, intentó hoy utilizar su imputación para lograr un cambio de opinión de la CUP, pero el partido izquierdista volvió a rechazar apoyar su investidura.
| FUENTE: DPA - http://www.vanguardia.com.mx |
