Este lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió revertir la decisión que inhabilitaba a 71.472 votantes para sufragar, pero sólo en Bogotá. La medida del CNE de devolver el derecho al voto a esas personas se debió, supuestamente, a un error del que se percató el máximo ente comicial.
Incluso uno de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, quien había modificado su lugar de residencia, recibió una notificación que lo inhabilitaba para sufragar, por presunta transhumancia electoral. Las numerosas quejas obligaron al CNE a revertir la decisión.
La transhumancia electoral, delito que consiste en inscribir la cédula para votar en un lugar distinto al que se reside, es la modalidad de corrupción más corriente, pese a que el castigo por ese hecho punible oscila entre 4 y 9 años de prisión.
Sin embargo, el error sólo se corrigió en la capital. Se estima que alrededor de 1,6 millones de ciudadanos tienen anuladas sus cédulas para sufragar en el próximo comicio, a menos que apelen la decisión del CNE ante la Registraduría de sus respectivos municipios mediante un recurso que debe resolverse antes de este viernes.
"A tan pocos días de las elecciones este trámite se advierte difícil de adelantar, aunque en las sedes de la Registraduría en todo el país se presentan largas filas de quienes pretenden revocar la decisión del CNE", refiere la revista Semana.
El presidente del CNE, Emiliano Rivera, explicó que -sólo en el caso de Bogotá- la gente puede votar donde se inscribió pese a haber recibido el mensaje de texto con la anulación.
“Se revocó la resolución del Consejo porque equivocadamente el sistema anuló la cédula cuando la gente pasó a inscribirse en otra localidad”, explicó el funcionario, citado por El Espectador.
En Cundinamarca, la ex senadora Nancy Patricia Gutiérrez presentó una denuncia por posible fraude, por lo que exigió al CNE agudizar el seguimiento a los comicios en las localidades de Mosquera y Funza para "garantizar la transparencia en la entrega de los resultados de los comicios”.
A esas quejas, se suma otra de igual gravedad: la vinculación de los candidatos con grupos criminales. Un informe presentado por la Misión de Observación Electoral (MOE) reveló que al menos 152 candidatos tienen nexos con organizaciones ilegales herederas de la parapolítica.
"Tienen delitos graves contra el erario público en temas de contratación o que incluso estuvieron procesados por parapolítica, salieron de la cárcel y otra vez están participando en política", sostuvo el subdirector académico de la Fundación Paz & Reconciliación, Ariel Ávila, reseña la agencia Efe.
Según la investigación, del total de candidatos acusados por esos vínculos, 81% de ellos tiene "alta probabilidad" de ser electo. Entre los señalados está el aspirante a la gobernación de Caquetá por el partido Conservador, Arnulfo Guasca, señalado por hacer fortuna con la producción de la hoja de coca.
La violencia -producto de más de medio siglo de conflicto armado- no ha dejado de ejercer su influencia. Los grupos armados que operan en ese país tienen a 268 municipios bajo la amenaza de fraude, cifra que representa 24,3% de las jurisdicciones que irán a elecciones, refirió la MOE en un informe presentado el mes pasado.
La Defensoría del Pueblo detalla que tan solo este año se han registrado seis homicidios de candidatos o familiares de políticos, y otros seis de funcionarios públicos.
Las bandas criminales, nacidas tras el proceso de "desmovilización" de las organizaciones paramilitares, son las que representan mayor amenaza porque tienen una incidencia verificada en 156 municipios, reconoció la Defensoría en un comunicado.
Los departamentos más afectados por esa situación de violencia, según la MOE, son Guaviare, Caquetá, Chocó, Arauca y la Guajira, éstos dos últimos limítrofes con Venezuela.
En los comicios regionales de octubre, los colombianos elegirán los cargos de gobernadores para los 32 departamentos, diputados a las Asambleas Departamentales, alcaldes, concejales y ediles de las Juntas Administradoras Locales.
| FUENTE: AVN |
