Tom, reveló una fuente, viajó a Italia para afinar los trámites del contrato, que ascendía a $125 millones. El exfuncionario ocupó la dirección del Senan entre abril y noviembre de 2010, cuando salió de la institución intempestivamente, rumbo a una embajada.
(PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)
El exjefe del Senan había asumido el cargo justo dos meses antes de que el entonces presidente Ricardo Martinelli y su par italiano Silvio Berlusconi firmasen Panamá el memorando que abrió paso al millonario pacto para los estamentos de seguridad, y que benefició a Finmeccanica.
Una vez Tom fuera, Belsio González lo reemplazó. Si bien, el contrato había sido firmado tres meses antes y refrendado once días antes de que llegase al puesto, al hoy director del Senan le correspondería ponerse al tanto de la capacitación del personal, la instalación de los equipos, la ubicación, los accesos y su funcionalidad.
El departamento de Comunicación del Ministerio Público indicó que González entregó recientemente un documento a la Fiscalía Tercera Anticorrupción en el que plasma que no fue consultado para la adquisición e instalación de los equipos cuando la administración de Mulino firmó el contrato.
ROMPE EL SILENCIO
Sin embargo, cuando Juan Carlos Varela asumió el mando presidencial, González asistió acompañado del comisionado Joe Laniado (encargado de la instalación de los equipos), a un programa de televisión en el que manifestó lo que se había mantenido en secreto por cuatro años.
El subcomisionado Laniado explicó que al momento de realizar las pruebas de los siete radares que se instalaron en territorio nacional, el Senan solicitó a los técnicos italianos ‘que se detectaran las naves más pequeñas. Al finalizar los ajustes de los siete radares dio una distancia ‘x' para todos los radares, ellos manifestaron que no podían calibrar más allá de embarcaciones de 32 pies o 45 pies'.
Es decir, no se detectaban las lanchas rápidas que utiliza el narcotráfico para transportar droga. Laniado agregó que el contenido del anexo A del contrato no coincidía con la distancia que dieron las pruebas. El resto de los radares no se han instalado.
Uno de los anexos firmado el 6 de agosto de 2010 establecía que todo lo inherente a la contratación debía notificarse al justamente al Senan.
¿Habrá responsabilidad de omisión de la alta dirigencia del Senan?
Para el abogado Ebrahim Asvat, que González haya llegado posteriormente no lo exime de responsabilidad en este caso.
‘Fue partícipe de lo que estaba ocurriendo porque no dio una opinión, ni protestö' por los equipos de seguridad mientras se desempeñaba como jefe del SENAN en la administración de Martinelli.
Asvat considera que dependerá del Ministerio Público que se le llame para ayudar aclarar la investigación. Y no sólo a él, sino ‘todos los oficiales del SENAN' deberían hacerlo, consideró.
LA MEDIDA DE MULINO
Estas irregularidades han hecho que la fiscalía impute cargos al exministro Mulino. El Ministerio Público le dictó una medida de detención preventiva considerando que tiene doble nacionalidad, italiana y panameña, para evitar una posible fuga y el aseguramiento de pruebas.
Mulino asegura, sin embargo, que se trata de una venganza política del presidente Juan Carlos Varela, ‘quien construye un proceso destinado a escarmentar a sus opositores políticos'.
En su descargo, Varela aseguró ayer que el Ministerio Público ‘responde por sus decisiones'.
Según Varela, ‘debemos aprender a vivir en democracia. Soy un presidente que respeta la separación de poderes'.
De comprobarse la responsabilidad del exministro en el delito de peculado, el Código Penal contempla una pena de cinco a siete años de prisión.
‘Estos son los primeros (casos) de muchos otros. Ellos no quieren que él salga de ahí (de la cárcel), porque él tiene mucho que decir', ripostó a la prensa el hijo homónimo del exministro.
Con información de Iván Saldaña
==========
POSICIÓN
Justifica proceso a Mulino
El diputado Jorge Alberto Rosas, detonante del escándalo Finmeccanica indicó que en este caso, se justifica la investigación contra el exministro José Raúl Mulino.
Después de aclarar que no tiene vínculos personales con Mulino y considerar que éste personalizó el asunto, detalló las causales por las cuales hay méritos para la investigación.
Según Rosas, hay tres razones: primero se pactó por radares que no son funcionales para los fines que requería el Estado panameño; segundo porque existen sobreprecios en comparación sobre lo que pagaron otros países por el mismo equipo.
El tercer argumento de Rosas, se fundamenta en la contratación de una empresa intermediaria (Agafia) a la que se pagaría por unos servicios de una negociación que se hizo de Estado a Estado (Italia-Panamá).
El diputado panameñista también rebate el argumento de que el presidente Juan Carlos Varela es responsable solidario por el contrato. En su opinión es el ministro del ramo, el que debe verificar que se cumpla con lo negociado. En este caso es el Ministerio de Seguridad que estaba a cargo de Mulino.
De ser válida la hipótesis de Mulino, dice Rosas, el exministro de Seguridad, también sería responsable solidario por cada uno de los escándalos de corrupción en los que se han visto involucrados otras personas que fungieron como ministros en el gobierno de Martinelli.
Rosas insistió en que Mulino, nunca debió haber aceptado los radares, pues habían evidencias de que eran para la vigilancia de grandes buques, similares a los que transitan por el Canal de Panamá, y en este caso lo que se pretendía era captar lanchas rápidas que utilizan los narcotraficantes que son pequeñas.
En este proceso, dice Rosas, puede que el exministro resulte responsable por acción u omisión.
==========
BOMBAS LACRIMÓGENAS
José Raúl Mulino, enfrenta otra investigación
La Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Vielka Broce, ha solicitado al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero penal electoral del exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino para que se le investigue por la compra de $60 millones en municiones, granadas, lacrimógenas, armamentos y uniformes para la seguridad estatal.
La investigación intenta corroborar la denuncia de que estas compras con fondos del Ministerio de Seguridad Pública y de la Presidencia se hicieron con la fórmula de contratación directa, a favor del empresario Roberto Carretero, bajo el argumento de ‘seguridad ciuadana y presidencial del Estado'.
La carta firmada por la fiscal Vielka Broce añade que Carretero, junto a su primo Félix Falabella, recibieron entre 40% y 60% de anticipo por la venta.
Rodolfo Aguilera, ministro de Seguridad Pública, denunció en diciembre pasado ‘excesos' en la compra de bombas lacrimógenas y otros equipos usados para el control de multitudes, incluyendo un posible sobreprecio de $21.3 millones.
Carretero enfrenta prisión preventiva por el caso de las bolsas de alimentos repartidas en Navidad por los diputados, compradas con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN):
El Ministerio Público informó que al exministro de Seguridad Pública de la administración de Martinelli no se le han formulado cargos en esta investigación.
| FUENTE: Marlene Testa - http://laestrella.com.pa |
