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La comisión creada también es conocida como Lava Jato, término con el que se identifica a la investigación más grande de corrupción en Brasil que involucra a 47 políticos del más alto rango del gobierno de Luiz Inácio “Lula” Da Silva con el pago de “propinas” de parte de 23 empresas constructoras. De estas, siete tienen negocios en Perú, cuyas supuestas sobrevaloraciones serán puestas bajo la lupa del grupo de trabajo.
De acuerdo con el texto sustitutorio de la moción aprobada ayer, las empresas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, entre otras, serán incluidas en la investigación. Asimismo, el documento no especifica el periodo que se tomará en cuenta, solo precisa que se centrará en los supuestos sobornos que dichas compañías pagaron a funcionarios del Estado “desde el inicio de sus actividades hasta la fecha”.
VOTACIÓN. La decisión fue adoptada por 47 votos a favor, 42 en contra. De ese modo, dejó sin efecto el pedido de la Comisión de Fiscalización que solicitó la ampliación de sus facultades precisamente para analizar este caso.
“No creo que la misma Comisión de Fiscalización pueda ver estos dos casos tan complejos en apenas cuatro meses”, sostuvo el congresista Yonhy Lescano en rechazo de la propuesta de Rondón.
Cabe indicar que, antes de la votación final, el pleno recibió seis mociones distintas alrededor del caso Lava Jato, por lo que el presidente del Congreso propuso agruparlas y redactar una nueva moción que no se centre únicamente en las anteriores gestiones gubernamentales. Esta decisión se dio luego de la sustentación de algunos congresistas nacionalistas, quienes solo pedían investigar las supuestas coimas durante el periodo 2006 y 2011; es decir, durante la gestión del expresidente Alan García.
Fue el congresista Mauricio Mulder quien propuso investigar no solo los contratos adjudicados durante los gobiernos de Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo, sino también los aprobados durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán y Luis Castañeda.
REACCIONAN. Tras la aprobación de pleno, el vocero de la bancada nacionalista, Hugo Carrillo, recordó que en los documentos incautados en la sede de la empresa Camargo Correa, en Brasil, se consignaron varios nombres de personajes vinculados al gobierno aprista. Entre ellos mencionó al exministro de Vivienda Hernán Garrido Lecca y a Guillermo León, expresidente de Sedapal.
“Esto compromete en nuestro país a varios gobiernos y funcionarios públicos”, mencionó.
De otro lado, la congresista fujimorista Luz Salgado sostuvo que “lo más lógico” es que, además de la investigación fiscal, se haga la investigación política “porque si están inmersos políticos que tienen inmunidad, esto se les tiene que levantar”.
“Se necesita una investigación objetiva, con suficientes evidencias, con suficientes testigos y documentos para que esto no sea trabado por una acción de amparo o una de las tantas leguleyadas que hay para no proceder a la investigación. No es posible que los recursos de Estado vayan a parar un porcentaje a las coimas, ni que se sobrevaloren las obras o nunca se terminen”, dijo en RPP.
APRA SALPICADO. Las indagaciones que realizará el Parlamento tuvieron como punto de partida una denuncia del portal Convoca sobre el incremento de la inversión en la construcción de la Carretera Interoceánica Sur, que se habría dado en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, cuyo monto empezó en el 2005 en 800 millones de dólares y terminó, en el 2015, bordeando los dos millones de dólares.
La ejecución de la obra estuvo a cargo de dos consorcios (Conirsa e Intersur) integrados por las firmas brasileñas Norberto Odebrecht, Andrade Gutiérrez Constructores, Camargo y Correa S.A. y la Constructora Queiroz Galvao S.A. Todas implicadas en la escandalosa investigación que se emprendió en Brasil: Lava Jato.
Sin embargo, fueron las declaraciones de colaboradores eficaces ante la Policía Federal las que abrieron las pistas para sospechar que algunas firmas brasileñas que tienen obras en Perú podrían haber “negociado” las adjudicaciones de las buena pro durante los tres últimos mandatos.
Uno de ellos fue el lobista Milton Pascowitch, quien mencionó el nombre de Zaida Sisson, esposa del exministro aprista Rodolfo Beltrán Bravo, como el nexo de las empresas brasileñas con los gobiernos peruanos.
Ella dio servicios a la JD Consultoría, de propiedad del detenido exjefe de gabinete de “Lula” Da Silva, José Dirceu. En su declaración, Pascowitch señala que Sisson “habría recibido dinero de las empresas Galvao Engenharia y Engevix” a cambio de obtener contratos de obras estatales en el país.
De acuerdo con el congresista Sergio Tejada, la consultora estuvo al menos siete veces en Palacio de Gobierno durante el mandato aprista. La mayoría de los encuentros se dio en el 2007. El 27 de enero de ese mismo año, José Dirceu se reunió con el mismo expresidente Alan García cuando ya no era funcionario en Brasil.
El también llamado delator agregó que Dirceu vino al Perú en el 2008 para reunirse con dos ministros y un funcionario aprista. También hay registros que indican que el exfuncionario de “Lula” visitó al entonces premier Javier Velásquez Quesquén el 2 de noviembre del 2009.
HUMALA TAMBIÉN. Aunque la Sisson en ese entonces negó las acusaciones, su nombre volvió a ser mencionado por otro colaborador eficaz, el dueño de la constructora UTC Engenharia Ricardo Pessoa.
En su declaración, señaló que conoció a la consultora como la amiga de la primera dama Nadine Heredia. Asimismo, expresó que ella (Zaida) fue presentada por Dirceu como la “intermediaria” con el jefe de Estado, Ollanta Humala.
Precisó que “habían contactos políticos que podían facilitarles reuniones con el ministro de Vivienda y Construcción de Perú y con el propio presidente Ollanta Humala”.
Versión que coincide con la confesión del hermano de Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira, quien señaló que Sisson era el contacto de las firmas brasileñas con el Perú. Ambos intercambiaron información al respecto en junio del año pasado.
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