El gobernador del estado de Maranhao, Flávio Dino, y el exministro Ciro Gomes fueron los encargados de presentar el referido grupo, para enfrentar los intentos de la derecha de derrocar a Rousseff mediante un juicio político, reseña el sitio web de Telesur.
El mandatario regional destacó que las supuestas irregularidades en las cuentas públicas constituyen un absurdo, pues el Congreso aprobó la semana pasada una nueva meta fiscal, que exime al Ejecutivo de cualquier anomalía e incumplimiento.
Asimismo, reiteró que el pedido de enjuiciamiento a Rousseff no encuentra respaldo en la Carta Magna, porque "la jefa de Estado no está directamente implicada en delitos de responsabilidad fiscal".
Para este lunes está previsto, además, que se instale una comisión especial para evaluar la petición de juicio contra la Presidenta.
La instancia estará conformada por parlamentarios de todos los partidos políticos, en número proporcional al tamaño de la bancada de cada representación en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la Ley de Destitución y el Reglamento de la Cámara de Diputados, una vez que se instale la comisión, la mandataria, después de ser notificada, tendrá un plazo de 10 sesiones para pronunciarse.
Luego, la comisión tendrá cinco sesiones para votar el informe final y se decidirá si se abre o no el proceso contra Rousseff.
Después de 48 horas de publicado el dictamen, será incluido en el orden del día de la sesión. En la plenaria, el proceso de destitución se abriría si dos tercios (342) de los 513 diputados votan a favor.
El procedimiento para un juicio político en Brasil establece que, una vez abierto el proceso de destitución, el Presidente es obligado a separarse del cargo por 180 días, mientras la causa pasa al Senado para el juicio. En esta instancia, la sesión que definirá si tiene o no lugar la remoción será liderada por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF).
La decisión se aprobaría si dos tercios (54) de los 81 senadores votan a favor. En caso de que el Presidente de la República sea absuelto por el STF, reasume su cargo, mientras que si es condenado, es destituido automáticamente y asume el cargo el vicepresidente.
El miércoles pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, autorizó abrir a Rousseff un juicio político con fines de destitución.
| FUENTE: AVN |
