En línea con las medidas de corte neoliberal aplicadas desde el inicio de su gobierno, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha iniciado un proceso de "revisión" de tarifas del servicio de energía eléctrica que, a partir de febrero, se traducirá en aumentos de más de 300% en la facturación mensual para los usuarios.A partir del viernes, indicó el diario Página 12, se conocerán las nuevos costos de la electricidad mediante una resolución que aclara que es "a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)", lo que indica que habrá más aumentos. Aunado a esta medida, Macri eliminó el Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE), implementado por el kirchnerismo, que tenía por objetivo fomentar el ahorro de energía a través de bonificaciones para los usuarios que redujeran el consumo.
Además, refiere el diario, se suspendió la transferencia de recursos del Estado para financiar los planes de las empresas Edenor y Edesur (las distribuidoras de energía eléctrica más grandes de Argentina), al tiempo que se prevé el aumento de las tarifas para "incrementar los ingresos" de las mismas, es decir, las inversiones que se hagan en el sector saldrán del bolsillo de los usuarios.
El presidente de la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) de Argentina, Pedro Bussetti, expresó su preocupación por el aumento que se plantea realizar en las tarifas de energía eléctrica, y advirtió que este incremento puede ser mayor en las boletas finales, al sumarse los valores de transporte y de distribución eléctrica, pudiendo acrecentarse hasta 300%.
Bussetti, citado por Página 12, advirtió que el "aumento de entre 200 y 300% en los precios mayoristas fue autorizado en todo el país", por lo que el impacto económico se sentirá a nivel federal y aseguró que "en breve habrá que esperar otro tarifazo para el servicio de gas natural".
Subrayó que además del impacto de los aumentos, "el decreto contiene el incumplimiento del marco regulatorio de la energía eléctrica, sancionado por la ley 24.065 de 1992, que establece que toda modificación del régimen tarifario tiene que tener una convocatoria a audiencia pública, donde el Ejecutivo presente los argumentos".
En este sentido, insistió en la necesidad de la difusión pública del tema "porque es trascendente para toda la población, todas las encuestadores y políticos reconocen el impacto relevante que va a provocar el aumento".
Además, Busetti se preguntó: "¿el servicio de distribución va a mejorar inmediatamente tras el aumento?, ¿quién paga los daños sufridos la semana pasada, cuando 800 mil usuarios se quedaron sin servicio?".
| FUENTE: AVN |
