Se trata, según los informes de la entidad, de irregularidades en el Instituto de Mercadeo Agropecuario ($6.5 millones), el sistema de gestión de informática para salud ($740 mil), un contrato entre la Autoridad de Innovación Gubernamental para estructurar una plataforma de mensajería de texto móvil única para uso del Estado ($204 mil), y compra de granos a través del extinto Programa de Ayuda Nacional ($12.3 millones).
Uno de estos casos, por el manejo irregular del Fondo de Fideicomiso del Programa para la Solidaridad Alimentaria ejecutado por el IMA, se produjo en esta administración de gobierno.
Ocho personas y una sociedad anónima han sido vinculados a este hecho.
El último expediente que ingresó fue la compra de granos a través del extinto PAN. A este hecho hay vinculados siete personas naturales y once empresas.
Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República comprobó que el PAN realizó pagos a proveedores para el suministro y distribución de granos por $9.2 millones, sin que mediarán las solicitudes previas relacionadas con el desarrollo de proyectos sociales ni se evidenciarán sus destino finales.
En el caso de la AIG otra auditoría de la Contraloría reveló que la empresa contratada para estructurar una ‘Plataforma de Mensajería de Texto Móvil Única para el uso del Estado' incumplió con la entrega e implementación del sistema, ocasionando el probable perjuicio económico.
El otro expediente que llegó este año a la FGC fue el contrato otorgado a la empresa Consultores 3G2 NET, C.A en el cual se determinó que se autorizaron pagos sin que hubieran entregado los sistemas pactados, utilizando textos de internet para sustentar los programas.
La FGC investiga, además, otros ocho casos de ‘alto perfil' que ingresaron el año pasado a esta instancia.
Se trata del primer y segundo contrato para la compra de comida deshidratahada ($59.4 millones), la desaparición de una máquina pinchadora ($10.8 millones), la compra de bolsas de comida ($33.2 millones), el alquiler de helicópteros ($10.1 millones), la compra de mochilas escolares ($14.2 millones), el contrato de Cobranzas del Istmo ($8.8 millones), la compra de llantas ($100 mil) y el proyecto del Sistema de Riego de Tonosí ($29 millones).
En total suman $186 millones las lesiones patrimoniales que investiga FGC.
En los procesos que adelanta la Fiscalía de Cuentas existen más de dos centenares de vinculados.
La oficina de instrucción emitió 38 solicitudes de medidas cautelares por $172.8 millones.
‘Son órdenes de cautelación de bienes y dinero y valores. La Fiscalía General de Cuentas solicita la cautelación pero es el Tribunal de Cuentas quien las decreta', explicó Guido Rodríguez, fiscal de Cuentas.
| FUENTE: Marlene Testa - http://laestrella.com.pa |
