En una nota enviada a la Cancillería de Panamá, este viernes, el gobierno del país centroamericano hace saber su descontento por los hechos y recuerda que la propiedad fue adquirida por la esposa del expresidente Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores de Alemán, con fondos públicos.
Nicaragua que decidió llamar a consultas a su embajador en Panamá, según destaca la nota. La residencia, explica, fue adquirida en el 2001 por la Sociedad Locery S.A., cuya apoderada es Flores de Alemán, ‘siendo esta comprada con fondos procedentes del erario público nicaragüense'.
Por la cual el Estado de Nicaragua, sigue señalando la carta, en virtud del Tratado de Asistencia Legal Mutua en asuntos penales entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, solicitó al Estado panameño la cautelación de todos los bienes y activos habidos en Panamá a nombre del expresidente Alemán (1997-2002) y sociedades relacionadas a el exmandatario, incluyendo la sociedad Locery.
‘Dicha asistencia fue atendida por el Estado panameño, declarando con lugar la cautelación en virtud de la Asistencia Legal mutua solicitada por Nicaragua. A la fecha, Nicaragua no ha solicitado a Panamá el levantamiento de dichas medidas', insistió el gobierno de Nicaragua.
En la carta de dos páginas, la Cancillería nicaragüense señala que ‘conociendo que sobre la propiedad ocupada como residencia por nuestro embajador pende dicha medida solicitada por el Estado de Nicaragua, de manera fraudulenta ha sido enajenada en Panamá, a favor de terceros, por el equipo de abogados del expresidente Alemán'.
La Cancillería nicaragüense acusó a ese equipo de abogados panameños de intentar despojar al Estado nicaragüense de sus bienes, ‘incluyendo la devolución fraudulenta de los fondos cautelados en el sistema financiero de Panamá'.
El gobierno de Daniel Ortega le solicitó a Panamá respetar las inmunidades y privilegios establecidos a las representaciones diplomáticas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
La cancillería panameña, por su parte, dijo a La Estrella de Panamá que ‘Panamá es muy respetuoso de sus obligaciones internacionales y de los compromisos emanados de la Convención de Viena con respecto a los privilegios e inmunidades que amparan al cuerpo diplomático acreditado en Panamá, así como del Estado de Derecho, de su legislación interna y de la independencia de sus instituciones'.
Reiteró, sin especificar, que existe una decisión definitiva sobre el caso, tomada por los órganos jurisdiccionales. La Cancillería, añade, mantuvo un papel de mediación entre ambas partes, incentivando el diálogo para un acuerdo en beneficio de todos.
Deyka Nieto, abogada de Cerrud, quien dice ser la representante legal de la propiedad, explicó que un proceso judicial sobre la casa terminó hace dos años a favor de su defendida. Lamentó la postura tomada por el gobierno de Nicaragua en justificar una agresión. ‘No entiendo como en medio de una agresión a una mujer su defensa es levantar polvo y levantar desinformación', recalcó.
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LA PARTES
El embajador fue llamado por el gobierno de Daniel Ortega
El gobierno de Nicaragua dice que la propiedad está en litigio.
La defensa advierte que el proceso concluyó hace dos años.
FUENTE: Ismael Gordón Guerrel - http://laestrella.com.pa