Familiares de los afectados en las investigaciones que realiza la administración del presidente Juan Carlos Varela fueron recibidos ayer por representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la urgente y necesaria intervención de defensa a favor de los perseguidos políticos.Ayer el Movimiento SOS Panamá pidió la intervención de la CIDH para que envíe una "misión en el terreno", con el objetivo de estudiar y analizar la condición de los derechos humanos en el país.
En este sentido, la ex primera dama de la República y representante del Movimiento SOS Panamá, Marta Linares de Martinelli, denunció la injerencia del Órgano Ejecutivo en la administración de justicia.
A través de una nota dirigida al presidente de la CIDH, James Cavallaro, la ex primera dama relató que "en Panamá se han ejecutado una serie de persecuciones y violaciones a los derechos, como lo son la salud física y mental, la libertad, el debido proceso y la presunción de inocencia".
A su vez, relató que existe una "represalia y venganza del presidente Juan Carlos Varela en contra del expresidente Ricardo Martinelli y hacia aquellos que fungieron como funcionarios de su administración".
Ello, sustentando la utilización del Ministerio Público "como el brazo ejecutor de la venganza", que "ha ordenado medidas de detención preventiva arbitrarias, injustas e ilegales, a personas cuyos perfiles de investigación no ameritan la privación de libertad".
Ante esto, se concedió una cortesía de sala por Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Linares de Martinelli señaló que existen indicios de que el presidente Varela este intentando controlar las redes sociales para no permitir que se le cuestione, por lo que la economía ha bajado y los ministros tienen miedo de ejecutar los fondos por miedo a que les pase lo mismo que han hecho fiscales contra otros exfuncionarios.
En el marco de la inauguración del periodo 159 de Sesiones de la CIDH, que este año se realiza en Panamá, varios afectados y representantes políticos expusieron ante el organismo los hechos cometidos por la justicia panameña, que han provocado la detención de empresarios y exfuncionarios de Gobierno.
Desde las 7:00 a.m., portando pancartas y hasta simulando la muerte de uno de los detenidos con un ataúd, los manifestantes acudieron a las inmediaciones del hotel sede del evento para exigir la intervención del organismo y entregar una carta en la que se exponen los casos de persecución política.
Otros representantes de SOS Panamá sostuvieron que ahora "los comisionados del CIDH no pueden taparse los ojos y deben saber que en Panamá se están violando los derechos humanos", como las torturas y maltratos que está recibiendo el presidente del canal de televisión NEXtv, Riccardo Francolini, en la celda de la Policía Nacional.
Ello, por un préstamo en la Caja de Ahorros, que fue tildado como de una aberración jurídica, ya que dicho crédito fue aprobado.
Se trata de un caso dirigido "coincidentemente hacia el presidente de un canal de televisión crítico al Gobierno".
Por esta razón, la ex primera dama calificó el caso como un atentado contra la libertad de expresión, ya que en ese mismo expediente condujeron al comunicador Fernando Correa en medio de la producción del noticiero matutino del canal NEXtv.
Familiares afectados
No obstante, lo que sería considerado como un ataque a la libertad de expresión también ha involucrado a las madres de los detenidos como Riccardo Francolini y Gustavo Pérez, y quienes destacaron en la marcha que a sus hijos se les ha hecho una injusticia, manteniéndolos detenidos por hechos delictivos que no existen.
Ante esto, Rómulo Roux, secretario general del partido Cambio Democrático (CD), denunció que el presidente Varela tiene las manos metidas en la justicia.
Ello, en alusión al caso de la Caja de Ahorros, en el que asegura que se han cometido torturas a los detenidos para que denuncien a otras personas.
Roux opinó que todo obedece a un plan entre el panameñismo y el PRD para debilitar a la verdadera oposición que hace el CD.
Entre tanto, el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino explicó que se han denunciado a "fiscales mercenarios que no respetan el debido proceso ni la ley".
Mulino, quien estuvo detenido por seis meses por la investigación de una compra de unos radares, sostuvo que el caso de la Caja de Ahorros, el aplicado en su contra y el de Gustavo Pérez y Alejandro Garuz fueron investigados fuera del término.
Mulino detalló que no ha habido un juez que haya podido poner en cintura a estos fiscales "que hacen lo que les da la gana", por eso estamos aquí ante la CIDH.
También advirtió que esta reunión se realiza con fondos panameños que curiosamente fueron dados por el gobierno del presidente Juan Carlos Varela.
Aunque destacó que esta es una oportunidad para que se registren los hechos que ocurren en Panamá, y no se permita que el país termine como Venezuela.
Por su parte, el dirigente político Porfirio "Bolita" Ellis declaró que existe una "persecución enferma, injusta y arbitraria que se practica en Panamá y ha sido denunciada.
CIDH valora sede de Panamá para sesión y garantiza atender casos
Los reclamos que se han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tendrán un intervalo de dos meses para ser analizados.
Así ocurrirá con los casos que fueron previamente solicitados ante el organismo hasta el 10 de octubre, los cuales se desarrollarán hasta el próximo 7 de diciembre.
La CIDH es presidida este año por el estadounidense James Cavallaro, quien fue escogido como integrante de la comisión en la Asamblea General de la OEA de 2013 para el periodo 2014-2018.
Caravallo espera poder organizar unas 30 audiencias públicas durante este periodo de sesiones.
Y expresó que la llegada a Panamá del evento sería por la crisis financiera que enfrenta la comisión, y donde el Gobierno de Panamá se ofreció en septiembre pasado a ser sede y costear el desarrollo de 159 periodo de sesiones. "Tiene un valor incalculable”, declaró.
Casos de alto perfil se han estancado, ante falta de pruebas
Las órdenes dictadas por fiscales del MP se siguen denunciando.
Caso Francolini: La ex primera dama Marta Linares de Martinelli señaló que existen indicios de que se ha tratado de frenar las críticas de oposición al Gobierno, y controlar los medios de comunicación críticos.
Fiscales con poder: Exfuncionarios y empresarios han denunciado los excesos de fiscales que ordenan detenciones preventivas y extienden los tiempos de investigación con la finalidad de mantener en pie sus detenciones.
Familiares de los afectados reaccionaron a la intervención de la CIDH en Panamá.
@gustavoperezpma: Gracias @CIDH por acercarse a nosotros, esperamos que se nos escuche y que se haga Justicia. Basta ya de injusticias contra inocentes.
@MiTzanetatos: Ojalá que la CIDH tome medidas y pongan a Varela en jaque mate, ya alto a tanta maldad.
@HJSANTOSRUDAS: Gracias @CIDH y @PauloAbrao por recibir al movimiento a @SOS_Panama y escuchar las atrocidades que hace la dictadura civil de @JC_Varela.
@Marcogar7: En CIDH está la ficha que el Sr. Varela inoculó previendo una situación como esta. Todo está fríamente calculado. 'El que da cariño recibe cariño'.
@fermin2064: El Gobierno de Panamá ha tomado el ejemplo del Gobierno de Venezuela, se dedican a meter preso a la oposición con cualquier invento.
@VeroMulino: Gracias @CIDH por escuchar las voces de los familiares de presos políticos y de perseguidos políticos del Gobierno. Abajo las injusticias.
FUENTE: Jason Morales Valdés - http://panamaamerica.com.pa
