Tras dos años y cuatro meses de la administración del presidente Juan Carlos Varela, varios incidentes han dejado dudas frente a las actuaciones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.Una de las grandes preocupaciones de los juristas que defienden casos en que se ven involucrados algunos exfuncionarios, es la presunta presencia de miembros de aquella institución en los interrogatorios de sus defendidos.
Solo ayer, durante el juicio contra el mayor Alex Cedeño, una fuente judicial contó a Panamá América que se notó la presencia de dos vehículos del consejo en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicadas en plaza Ágora de la vía Transístmica.
Semanas atrás, el jurista Carlos Carrillo, que defiende la causa de Riccardo Francolini, denunció que durante una de las indagatorias, un miembro del Consejo de Seguridad estaba presente en aquel interrogatorio, y que incluso a él (Carrillo) lo obligaron a abandonar el recinto.
Las manos de esta dependencia de la Presidencia, también parecen intervenir en otras instituciones que tienen, por Constitución, su propia jurisdicción.
Es el caso del Ministerio Público. Según las querellas de varios dirigentes políticos, el Consejo de Seguridad arma expedientes, los filtra a medios aliados al Gobierno y luego inicia una investigación.
A principio de esta semana, el diario La Prensa reportó que el Consejo de Seguridad alertó a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) sobre un negociado de miles de hectáreas en el norte de Coclé y Colón.
Según esa nota, el Consejo de Seguridad investiga desde hace un año a un grupo de extranjeros que se han apropiado de terrenos nacionales.
Según el Decreto Ley 9 de 20 de agosto de 2008, creado en el periodo de Martín Torrijos, el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional "impartirá estrategias e instrucciones al Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad y demás instituciones del Órgano Ejecutivo para prevenir amenazas contra la soberanía y la independencia de la República".
Sin embargo, aquella norma fue derogada por la Ley 11 de 18 de marzo de 2010, bajo el mandato del expresidente Ricardo Martinelli.
Al anular las directrices que había aprobado la administración Torrijos, no existe certeza de cuál es la ley que utilizan las autoridades para que esta oficina adscrita a la presidencia actúe.
En este sentido, Fernando Montenegro, exasesor del Consejo de Seguridad en el periodo de Mireya Moscoso, afirmó que hay un limbo jurídico.
"La normativa es el gran problema que tiene el Consejo de Seguridad; no existe una certeza específica de cuál es la ley que lo rige", anotó la fuente.
Montenegro apunta que ninguno de los últimos gobiernos ha querido hacer énfasis en establecer cuál es la ley que debe aplicar el Consejo de Seguridad.
Esto, a su juicio, se debe a que "le permite a los gobernantes tener una mayor amplitud de actuación, no tan apegada al derecho. Si no existe una norma, el funcionario tiene el poder de actuar más allá del margen de lo legal", añadió Montenegro.
En tanto, Severino Mejía, exviceministro de seguridad, mencionó que si se demuestra que el Consejo de Seguridad arma expedientes e interviene en operativos, está violando normas constitucionales.
"Si hay pruebas de esas acusaciones, estaría transgrediendo la ley... el consejo puede colaborar con las instancias públicas, cuando se trate de situaciones en las que estén involucrados actores no estatales relacionados con delitos transnacionales", explicó Mejía.
Otro punto de vista es el del exprocurador Rogelio Cruz. Su opinión se centra en que el Consejo de Seguridad es desconocido por la Carta Magna y que a partir de allí surgen las dudas.
"No es reconocido por la Constitución Política, ahí hay una gran laguna que permite arbitrariedades. Por otro lado, su regulación está en función de decretos, no de leyes", contestó Cruz.
A su vez, añadió que ya es hora de que la Asamblea Nacional se ocupe de legislar para establecer cuáles son las funciones del Consejo de Seguridad.
Por último, el jurista Ernesto Cedeño dijo que esa institución no tiene ninguna función en materia de justicia, investigación o penal, que es competencia del Ministerio Público.
Datos
1991 El expresidente Guillermo Endara creó el primer Consejo de Seguridad. Menalco Solís fue su director.
2009 El mandatario Ricardo Martinelli modifica un decreto aprobado en el periodo de Martín Torrijos.
FUENTE: José Alberto Chacón - http://panamaamerica.com.pa
