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viernes, 23 de febrero de 2018

(España) Trapero dice que se plantó ante Puigdemont: los Mossos no cumplirían "el plan político"

El mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero ha asegurado este viernes en su declaración ante la juez Carmen Lamela que avisó al expresident Carles Puigdemont en dos reuniones en las que también estuvieron presentes Oriol Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn, de que los Mossos no iban a cumplir su plan político y no debían ser utilizados como una pieza más en la estrategia.

Según fuentes jurídicas, el que fuera jefe de la policía autonómica llegó a reclamar el pasado mes de diciembre que se citara a la cúpula política para que declarara sobre esta cuestión. Ha reconocido ante la magistrada que acudió a esos dos encuentros y ha querido resaltar que ya lo comunicó en esta solicitud por escrito, presentada el día 18 y que fue rechazada en parte por la instructora. En ella pedía la declaración del expresident, Junqueras y Forn y la de tres de sus comisarios, testigos de sus palabras en las dos citas.

En cuanto a lo que se habló en los encuentros, ha defendido que en ellos se limitó a transmitir su malestar por las declaraciones públicas de determinados cargos, en clara referencia a Forn, en las que se daba por hecho que los agentes no iban a obstaculizar los avances del procés e incluso, que los Mossos iban a facilitar la celebración del referéndum. También mostró su preocupación por la seguridad ciudadana durante la votación, anticipando el escenario que finalmente se produjo.

La declaración de Trapero acorrala a Forn al que también culpa de las llamadas, 17, que efectuó el 20 de septiembre a Jordi Sánchez. Asegura que fueron por indicación y en contacto con el exconsejero de Interior.

Según fuentes fiscales, no ha podido justificar, no obstante, que la actuación policial en los colegios fuera realmente efectivani tampoco acreditar que recogiesen listas de votantes de mesas electorales o que requisaran efecto alguno tal y como se les había ordenado nada que no fuera entregado voluntariamente y sin interés investigativo. Sobre la actuación previa de sus agentes en los colegios electorales, ha dicho que no se procedió al cierre sobre la base de que allí se desarrollaban exclusivamente actividades lúdicas.

A pesar de que la Fiscalía había pedido para él libertad bajo fianza de 50.000 euros, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decidido dejarle libre sin ningún tipo de caución. Tras tomarle declaración durante dos horas y media por su participación en la 'inacción' del cuerpo autonómico durante el 1-O, el Ministerio Público ha considerado que no existen motivos para reclamar su encarcelamiento incondicional pero sí para imponerle esa cantidad para quedar libre, informan fuentes jurídicas. La juez, sin embargo, no ha compartido este criterio.

Lamela ha tenido en cuenta que no existen en este punto motivos para enviarle a prisión, no hay riesgo de fuga, ni de reitere el delito o destruya pruebas. Tras su último interrogatorio por hechos anteriores, los de las manifestaciones del 20 y 21 de septiembre, ya tenía impuestas medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio. La magistrada las mantiene y considera que son suficientes.

En un breve auto, la magistrada apunta que no ve respado para imponer "una medida tan grave como la que solicita el Ministerio Fiscal". Precisa que "viene cumplimiento escrupulosamente las medidas impuestas". Lo ha hecho, agrega pese a que conoce desde el 19 de febrero que la acusación en su contra ha subido de nivel y se le pueden imputar delitos de integración en organización criminal.

También agrega que la investigación en este punto está muy avanzada y no puede verse comprometida por acción de Trapero que, además, ya no ostenta posición de mando en el Cuerpo desde la que pudiera alentar la ocultación de indicios.

Solo unas horas antes de su declaración, la Fiscalía resumió en un escrito todos los indicios que le constan contra el que fuera responsable de la policía autonómica, ahora relegado a un puesto administrativo tras la aplicación del 155. Destacaba su necesaria intervención para que el referéndum ilegal del 1 de octubre pudiera consumarse y le responsabiliza de actuaciones de sus hombres dirigidas a garantiza el éxito de la votación.

Este mismo viernes ha basado su solicitud de fianza en la nueva prueba que a su entender supone que el mayor haya admitido en sede judicial las dos citas con la cúpula del Govern cesado.

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FUENTE:  Con información de BEATRIZ PARERA - https://www.elconfidencial.com - (PULSE AQUÍ)

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