Según apuntan a El Confidencial fuentes jurídicas, los plazos que rigen en el caso del país nórdico son similares a los que se aplicaban en Bélgica, primer país al que la Justicia española reclamó la extradición. Si se respetasen los tiempos que marca la Decisión Marco de 13 de junio de 2002, el periodo máximo para resolver la reclamación de la Justicia española, que pide su entrega tras procesarle por delitos de rebelión y malversación.
Finlandia dispone en aplicación de las normas que respetan todos los países de la Unión de un plazo de 60 días para decidir, ampliables por 30 más y otros 10 para entregar. Sin embargo, la implementación ha variado en aplicación de la jurisprudencia de cada país por lo que se priman incluso la posibilidad de recurrir la decisión que analizarán distintas instancia. El TJUE ha venido a reconocer estas particularidades y ha salvado la obligación de entrega incluso con plazos vencidos.
Lo que ocurrirá en las próximas horas está en todo caso claro. El arranque de todo procedimiento de extradición lo marca una detención o entrega voluntaria. Puigdemont se presentará en un juzgado. Allí, las autoridades competentes tendrán que decidir si le mantienen en prisión o le dejan en libertad durante el periodo de tramitación. Se prevé además un plazo de cuatro días para que el magistrado se incline por confirmar o no la decisión, en la que el fiscal adquiere un papel protagonista.
La Unidad Nacional de Investigación (National Bureau of Investigation) deberá notificar a la persona la existencia y contenido de la orden europea en un idioma que comprenda. Deberá preguntársele si consiente o no a la entrega. La Unidad Nacional de Investigación envía la orden europea y el acta de la audiencia practicada a la persona reclamada al fiscal competente y que debe ser quien eleve la oportuna solicitud de entrega al tribunal designado.
Los plazos en Finlandia
El tribunal deberá en cualquier caso adoptar una decisión en los 26 días siguientes a la detención del reclamado, que dispone de un plazo de siete días para recurrir esta decisión. La parte contraria dispone a su vez de un plazo de siete días para contestar al recurso, contados a partir del momento de expiración del plazo para presentar el recurso de apelación.
En el caso finlandés, el Tribunal Supremo deberá resolver en un plazo de 20 días a contar desde la finalización del plazo para contestar el recurso. Este último plazo es flexible, si no puede resolver en los plazos establecidos, deberá hacerlo tan pronto como sea posible. En los supuestos en que se superen los plazos máximos fijados para resolver, el Ministerio Fiscal deberá informar de ello a la autoridad emisora de la orden europea. Si no se adopta una decisión en los 30 días siguientes a la expiración de los plazos mencionados, el Ministerio Fiscal deberá informar a Eurojust.
FUENTE: Con información de BEATRIZ PARER - https://www.elconfidencial.com - (PULSE AQUÍ)