El Ministerio Público (MP), a pesar de que José Hidrogo Calvo, interventor de Financial Pacific, aclaró en su declaración jurada que la compañía Jal Ofshore LTD no presentaba ninguna irregularidad, decidió continuar con las investigaciones e incluso ordenó la conducción de 18 personas por este caso.Hidrogo, en su declaración jurada del 31 de enero de 2018, manifestó que Jal Ofshore LTD fue una de las empresas a las cuales se le hizo devolución de recursos que mantenía en la casa de valores.
De acuerdo con lo señalado por el interventor, esto lo que quiere decir es que no pesaba sobre esa cuenta restricciones que establecieran algún tipo de mala práctica u operaciones irregulares que limitaran que le fuera devuelto el dinero que le correspondía y que constaba en los registros, una vez iniciado el proceso de liquidación.
Marcela Araúz, abogada de la compañía Jal Ofshore LTD, manifestó que la fiscalía tiene una investigación por este caso desde hace más de 38 meses y las investigaciones solo se pueden mantener por un periodo de seis meses.
Araúz indicó que la fiscal Leyda Sáenz de Pitty ha pedido prórroga en este caso, la cual se le venció desde el 2 de mayo de 2017 y ha hecho caso omiso a mandar el expediente al juzgado.
De acuerdo con la jurista, la fiscal Sáenz ha hecho de todo para quedarse con el expediente para presionar a las personas que invirtieron en esa cuenta.
"En esta cuenta se recibieron fondos lícitos de personas con trayectoria, con reconocimiento empresarial, las cuales durante en todo este periodo gubernamental no habían sido señaladas, tanto es así que el liquidador devolvió los fondos a estas personas", indicó la jurista.
En cuanto a las aseveraciones que hizo la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que aseguraron que el interventor detectó irregularidades en la cuenta perteneciente a la compañía Jal Ofshore LTD, Araúz las calificó de "desafortunadas".
La jurista indicó que el MP durante este periodo siempre persigue a las mismas personas y lo hace sin un fundamento de derecho ni una investigación como la ley lo establece.
"Lo que se demuestra con esto es un total desconocimiento por una parte de lo que es la ley de valores y por otro lado se trata de un doble juzgamiento porque esa cuenta ya fue revisada e investigada por la fiscalía decimotercera", agregó la abogada.
El miércoles, la Fiscalía Séptima Anticorrupción giró orden de conducción contra unas 20 personas, incluyendo al expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros y precandidato presidencial, Riccardo Francolini.
Luego de esto, la defensa de Francolini presentó un habeas corpus preventivo contra la orden de conducción, efectuados por la Fiscalía Séptima Anticorrupción del MP.
Este recurso debe ser analizado por el magistrado Cecilio Cedalise.
El magistrado Jerónimo Mejía tendrá que conocer el "habeas corpus" presentado por el abogado Aníbal Salas, a favor de Joel Watson. En tanto, al magistrado José E. Ayú Prado Canals le adjudicaron el "habeas corpus" representado por la licenciada Marcela Araúz, a favor de Ramsés Owens.
Cabe destacar que la denuncia fue presentada el 22 de junio de 2015 por el abogado Ramón Diez, en representación de la SMV).
Esta orden de conducción contra el empresario Riccardo Francolini y otros opositores se da cuando el dirigente de Cambio Democrático realiza recorridos a nivel nacional para conocer los diversos problemas que afectan a los panameños.
FUENTE: Con información de http://panamaamerica.com.pa - (PULSE AQUÍ)
