La aprobación en tercer debate del proyecto de ley 518 que regula el abordaje para la atención integral de las enfermedades de transmisión sexual y del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) ha provocado choque de criterios entre las organizaciones locales que se enfocan en este tema y que colaboraron en la discusión de la norma.Por una parte, la Sociedad Civil Unificada en VIH de Panamá (conformada por 12 organizaciones y 5 redes regionales) piden al presidente de la República, Juan Carlos Varela, el veto parcial del proyecto.
En tanto, la Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por el VIH-sida (Probidsida) alienta al Ejecutivo para que sancione la Ley tal como quedó aprobada en la Asamblea Nacional.
Puntos de discordia
El debate y la falta de consenso se dan concretamente por los artículos 7 y 8 que, a juicio de sus críticos, violan la tendencia internacional a aplicar el principio de voluntariedad para las pruebas de VIH.
El artículo 7 en su párrafo 3 introduce el "criterio médico" para sustentar la obligatoriedad en circunstancias puntuales.
Esto, a pesar de que dicha excepción iría en contra de principios y tratados internacionales de los que Panamá es signatario (incluida la Declaración política de Onusida) que buscan eliminar o reformar toda acción que lleve a una situación de estigma.
Por su parte, el artículo 8 establece como "obligatoria" la prueba de VIH para los contrayentes, imposición que podría ser violatoria de los derechos humanos, según sus críticos.
A favor
No obstante, para el Dr. Orlando Quintero, director de la Fundación Probidsida, la exigencia de la prueba a la pareja que se une en matrimonio es algo positivo, justamente porque se enfoca en respetar los derechos humanos.
"La lucha por el respeto a los derechos humanos no se limita solamente a las personas con VIH. Tenemos que tomar en consideración también el derecho humano de una segunda persona (el cónyuge) o de terceras personas (futuros hijos)", opinó el activista.
Quintero explicó que no se trata de una percepción caprichosa, sino una opinión sustentada en cientos de casos de la vida real que le ha tocado conocer en Probidsida.
"Llegan mujeres que en el momento en que fallece su esposo es cuando se enteran de que la causa del deceso es sida. Quedan asombradas porque nunca supieron que su compañero estaba infectado con VIH".
Relató que cuando ellas se hacen la prueba, lamentablemente confirman que también están infectadas.
"Estamos a favor de la obligatoriedad, porque creemos que las personas deben saber su condición de VIH. Al conocerla pueden apoyarse, cuidarse y echar para adelante juntos", sentenció.
En contra
Dayra García, directora de la ONG Viviendo Positivamente, se opone a este criterio porque viola el principio de voluntariedad. Además, recuerda que la Organización de las Naciones Unidas promulga que ninguna prueba de VIH puede ser obligatoria.
"Lo que estamos pidiendo es que los profesionales de la salud oferten la prueba de VIH. Si lo hacen de una manera consciente, educada e informativa, todos entenderán la importancia de hacerse la prueba, y accederían a hacerla... Pero si alguien se negara, también es su derecho", dijo.
Y el activista Ángel Ávila agregó que en el caso de los contrayentes, esto se constituye en una carga económica para la pareja, "desanimando a las personas a contraer el matrimonio".
30
mil personas en Panamá desconocen su condición de VIH.
27
mil personas en Panamá tienen VIH. Pero solo unas 11 mil de estas reciben tratamiento retroviral.
FUENTE: Con información de Adiel Bonilla - http://panamaamerica.com.pa -(PULSE AQUÍ)
