El exministro de Educación brasileño Fernando Haddad, uno de los hombres más cercanos al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y líder emergente del Partido de los Trabajadores (PT), fue denunciado por la Fiscalía por financiación irregular en campaña electoral, informaron hoy fuentes oficiales.Haddad, que también fue alcalde de Sao Paulo entre 2013 y 2016, es acusado de hacer uso de 'caja B' durante la campaña para los comicios municipales de 2012, de acuerdo con la denuncia presentada este jueves por el fiscal electoral Luiz Henrique Dal Poz, informó Efe.
El organismo cifra esa financiación irregular en 2,6 millones de reales (unos 733.000 dólares) supuestamente pagados por la constructora UTC Engenharia, implicada en la red corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal Petrobras.
Además de Haddad, fueron incluidos en la denuncia otras cuatro personas, entre ellos el extesorero del PT Joao Vaccari Neto, preso por el caso Petrobras, misma condición en la que se encuentra desde el pasado 7 de abril Lula, condenado por supuestamente haberse beneficiado de los millonarios desvíos revelados en la petrolera.
La Fiscalía Electoral acusa al exalcalde de la capital paulista de un delito de "falsedad ideológica" con fines electorales, que en Brasil se castiga con hasta con cinco años de reclusión.
"Haddad omitió informaciones e incluyó datos inexactos que no corresponden a la realidad (...) Dejó de contabilizar valores y utilizó facturas no idóneas para justificar gastos", apuntó el fiscal.
La denuncia se basa también en el testimonio prestado a las autoridades por el empresario Ricardo Pessoa, de UTC Engenharia, en el marco de un acuerdo de colaboración judicial.
Haddad es visto en algunos sectores del PT como el posible sustituto de Lula al frente de la candidatura para las elecciones presidenciales del próximo octubre, en caso de que finalmente el exmandatario sea inhabilitado de participar en esos comicios.
Lula cumple desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba (sur) la pena de doce años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero que le fue impuesta en enero pasado por un tribunal de segunda instancia.
A pesar de su situación jurídica, pues además de la condena suma otras seis causas penales abiertas, el exjefe de Estado (2003-2010), que encabeza todos los sondeos de opinión divulgados hasta la fecha, ha reafirmado por escrito su intención de seguir siendo candidato, una posición refrendada por el propio PT.
Sin embargo, la ley electoral en vigor en el país impide que condenados en segunda instancia, como es su caso, puedan presentarse a cargos electivos, por lo que su candidatura está en el aire.
FUENTE: EFE - http://www.eluniversal.com
