La familia Franco va a poner todos los palos posibles en las ruedas a la exhumación de los restos del dictador. El nieto y portavoz de la familia, Francisco Franco Martínez Bordiú, afirma en conversación con este diario que no van a llegar a ningún acuerdo. "Es mentira que haya un acuerdo con la familia y es mentira que haya un acuerdo con los benedictinos", señala. La retirada de los restos de Franco es una promesa de Pedro Sánchez que con la oposición de la familia entra en una nueva dimensión jurídica. Porque en el Valle de los Caídos confluyen intereses de Patrimonio, de la Iglesia, de los benedictinos y de la familia.Francis Franco se muestra molesto con la noticia de que el Ejecutivo daba por hecho que no tendría problemas con los Franco. "No entiendo por qué el Gobierno da noticias que no son ciertas. Está lanzando 'fake news' sobre el Valle de los Caídos, lanza bulos, que es una técnica que se emplea en muchos sitios. No entiendo por qué, pero es mentira". Y añade que tampoco los benedictinos están por la labor.
El acuerdo es imprescindible para sacar los restos de Franco de forma tranquila, porque en el Valle de los Caídos, inaugurado en 1959 y donde yacen los restos de unas 34.000 víctimas franquistas y republicanas, confluyen una amalgama de órganos. Toda la propiedad del monumento es estatal, salvo la Basílica de Santa Cruz (considerada como tal desde 1960), donde están enterrados Franco y José Antonio Primo de Rivera. Ser lugar de culto lo convierte en inviolable por parte de la autoridad estatal, según reconocen los acuerdos con la Santa Sede de 1979 que el Constitucional validó en 1982.
El monumento está gestionado por la Abadía Benedictina de la Santa Cruz, según un convenio suscrito en 1958 con la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyo patronato y representación correspondían al jefe del Estado. Desde 1982, esas funciones las detenta el consejo de administración de Patrimonio Nacional. Dicha fundación se financia cada año con las dotaciones de los Presupuestos Generales del Estado.
Por eso, sin acuerdo con la familia o con la Iglesia, el asunto se complica. "No vamos a dar facilidades, consideramos que es un juego político y hay cosas más importantes que hacer", explica Franco, el nieto mayor y al que se le cambió el orden de los apellidos para que el del abuelo materno apareciera en primer lugar. La familia Franco y la Fundación Franco van a dar la batalla jurídica.
Mientras la Conferencia Episcopal se mantiene al margen, los descendientes han firmado ante notario la negativa a asumir los restos del dictador y han escrito al Vaticano pidiendo amparo. "Es muy complicado jurídicamente, hay muchas partes involucradas. El Gobierno dice que lo va a hacer, pero con la legalidad vigente es casi imposible que lo haga. Otra cosa es que no lo haga", opina el nieto de Franco.
El Gobierno mantiene su compromiso de exhumar los restos del dictador, aunque ya admite retrasos. Antes incluso de tener nombrada una nueva abogada general del Estado, Pedro Sánchez ya anunció que el traslado se haría antes de agosto, un plazo que el Ejecutivo ve muy difícil cumplir. "La decisión política es firme: vamos a proceder a la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Su materialización será en breve, en muy breve espacio de tiempo", afirmó el martes Sánchez en el Congreso: "Nuestra democracia tendrá símbolos que unan a la ciudadanía, no que la separen".
El Gobierno no suelta prenda sobre qué fórmula jurídica puede usar, aunque en el sector se asume que el caso está abocado a un contencioso con la familia Franco y con la fundación. Los jueces ya han revertido el traslado de los restos del general golpista José Sanjurjo y el cambio de nomenclatura de algunas calles de Madrid. No son casos idénticos, pero sí revelan que el Ejecutivo tiene que armar bien el caso jurídicamente porque se aboca a un contencioso.
La Ley de Memoria Histórica establece que el Valle de los Caídos "se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos", pero añade que "en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo". En 2017, el Congreso aprobó por 198 votos a favor y 140 abstenciones convertir el lugar en "un memorial para las víctimas y lugar de reconciliación".
Sin embargo, un jurista del sector señala que el caso tiene aristas. "No pensemos en que es Francisco Franco sino un cadáver cualquiera. La pregunta es: ¿puede el Estado entrar en una basílica privada y sacar unos restos sin permiso de la familia? Yo creo que no. Puede expropiar el valle, pero con indemnizaciones, y ahí hay miles de enterrados". Recuerda también que el Estado tradicionalmente ha eludido este tipo de conflictos. "El cementerio viejo de Las Rozas queda entre los dos sentidos de la autovía de A Coruña porque Fomento no quiso expropiar un antiguo cementerio. Casi nadie lo ve desde la autovía, que hace una curva enorme para evitarlo. Y eso es porque es complicado exhumar a alguien sin acuerdo de las familias".
FUENTE: Con información de D. GRASSO - R. MÉNDEZ - (PULSE AQUÍ)
