El grupo parlamentario Unidos Podemos llevará el Congreso un proposición de Ley para que "los municipios, mancomunidades o asociaciones de ayuntamientos que lo deseen tengan el derecho a adquirir y gestionar su red de distribución" para que tengan una gestión pública directa.Según detalla en un informe al que ha tenido acceso El Confidencial, y que se presentará en el Congreso durante el II Foro del Clima, la formación morada, IU y sus confluencias, en consenso con organizaciones ecologistas como WWF o Greenpeace, quieren "declarar la explotación de la red de distribución como un servicio público de titularidad municipal".
Esta medida supone en la práctica abrir la puerta a que se expropie uno de los activos más preciados de las compañías eléctricas. Las más afectadas serían Iberdrola, Endesa y Naturgy, aunque Viesgo y EDP también poseen redesd de distribución.
Esta no es la única medida de calado que afectaría a las grandes compañías. A renglón seguido de su propuesta para la red de baja tensión, Podemos quiere obligar al Estado a incrementar progresivamente su participación en el capital de Red Eléctrica de España hasta alcanzar el 100%. Ahora mismo, el operador del sistema ya está participado por el Estado a través de la SEPI con un 20% del total, lo que le convierte en el máximo accionista.
Ambas medidad supondrían un gasto por parte de las administraciones públicas de miles de millones de euros. La red de distribución es un activo regulado que proporciona rentabilidades de alrededor del 7% gracias a los ingresos que perciben en los peajes que se pagan en la factura eléctrica.
Algo similar sucede con Red Eléctrica, que ha sido una de las compañías más alcistas en bolsa en los últimos años y que goza de retribuciones reguladas que le otorgan una rentabilidad que ha sido objeto de deseo de los grandes fondos internacionales en los últimos años.
Las medidas de Podemos sobre las redes de las eléctricas no acabarían aquí. El grupo parlamentario que otorgó el Gobierno a Pedro Sánchez con su apoyo busca medidas para no sobredimensionar las infrastructuras energéticas. En este punto habla de las infraestructuras de gas y las interconexiones eléctricas. Esto supone un techo al crecimiento tanto de la propia Red Eléctrica como del operador del sistema gasista Enagás.
Cierre de las centrales nucleares y térmicas
Unidos Podemos fija en el año 2024 el fin de las centrales nucleares en España. En el caso de las centrales térmicas de carbón la fecha límite hasta la que podrán operar será el 31 de diciembre de 2025. Respecto a las centrales hidroeléctricas, la propuesta de ley establece que a partir de su entrada en vigor se fijará “como regla general que cuando la concesión de una central hidroeléctrica caduque, la explotación será asumida por los organismos públicos correspondientes”.
El denominado 'impuesto al sol' -cargos a la energía autoconsumida de forma instantánea o almacenada-, también se pretende derogar. La apuesta por una nueva regulación para desarrollar el autoconsumo renovable en España busca “simplificar los trámites administrativos para las instalaciones de autoconsumo” y crear “esquemas de retribución de la energía vertida a la red”. También se permite y se regula el autoconsumo compartido mediante la creación de las redes compartidas.
En esta línea, los nuevos proyectos de regeneración renovable estarán obligados a abrir parte de la inversión a las personas que residan en las proximidades del mismo, así como a cooperativas, pequeñas y medianas empresas y municipios cercanos. Asimismo se abre la posibilidad a otorgar ayudas directas a la inversión para las instalaciones de pequeña potencia promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad.
La propuesta busca un profundo cambio de modelo energético y productivo para afrontar el cambio climático. Desde la formación defienden que este "solo puede ser alcanzado a través de un verdadero cambio en el actual modelo de país, ahondando con la profundidad necesaria en todos los aspectos involucrados en la transición para, sin dejar de velar por los intereses de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, alcanzar ese nuevo país sostenible y resiliente, capaz de afrontar este tiempo decisivo para el género humano, pero también más justo, más próspero y más habitable, digno de ser legado a nuestros descendientes junto a un planeta cuyas heridas empiecen al fin a sanar".
FUENTE: Con información de IVÁN GIL - JUAN CRUZ PEÑA - (PULSE AQUÍ)
