Cuando, hace año y medio, Ramón Fonseca Mora, uno de los más cercanos colaboradores del presidente de la República, Juan Carlos Varela, y a quien todavía llama ‘mi amigo', estremeció al país con graves declaraciones, exigimos desde estas páginas toda la verdad.Vale recordar que en aquella ocasión denunció, frente a las instalaciones del Ministerio Público, que la campaña política del hoy presidente de la República recibió donaciones de la confesa Odebrecht, que las investigaciones con respecto a ese caso eran selectivas y, lo más grave, que el presidente de la República le dijo que el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, fue nombrado ‘porque se dejaba manejar de arriba', frente a dos expresidentes de la Asamblea Nacional de Diputados. Sin embargo, ni los involucrados ni las instituciones dijeron al país toda la verdad.
Ahora, vive Panamá una nueva etapa en esta ola interminable de escándalos y sobresaltos.
Las declaraciones de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, deben ser tomadas con profunda preocupación y deben tener consecuencias contundentes.
En primer lugar, de quién provienen, de la máxima autoridad en la persecución del delito y las contravenciones a la Constitución y, además, quien tiene como atribución primera defender los intereses del Estado.
En segundo término, a quién se refiere, nada más ni nada menos que al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León, encargado por razón de la ‘oportuna' renuncia del magistrado José Ayú Prado, miembros ambos del máximo tribunal de un Órgano Judicial que recurrentemente ha faltado a las expectativas de justicia de los ciudadanos.
Y, en tercer lugar, por razón de la gravedad del contenido de las declaraciones. La denuncia de la procuradora le ha dicho al país algo que se escucha por doquier, que la justicia es extorsionada y chantajeada, pero en esta ocasión apunta a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y con respecto al caso más emblemático que en tiempos recientes le haya correspondido juzgar y del cual es fundamental que se deslinden responsabilidades, para que nunca más un presidente de la República se crea por encima de la Ley.
Panamá no se merece que aquellos a quienes les ha otorgado las más altas investiduras para administrar justicia reiteradamente le abochornen.
Todo este deterioro institucional, que pasa por Gobiernos, que, violando derechos fundamentales, irrespetan las comunicaciones privadas y juegan con la justicia, como si fuera una herramienta para favorecer intereses políticos, además de un sistema que favorece a los delincuentes, vistiéndolos con impunidad como escarnio para los ciudadanos que, todos los días, salen a trabajar con honestidad, exige un alto y que se sepa toda la verdad.
También hay responsabilidad en un Órgano Ejecutivo que hace dejación de sus obligaciones. Una Corte Suprema de Justicia con dos magistrados con periodos vencidos y un magistrado suplente ejerciendo sine die. Y, además, un magistrado presidente ‘encargado', porque la Corte decidió no elegir a un titular en propiedad.
Por otro lado, una Asamblea Nacional de Diputados que celebra cada vez que desecha la investigación de un magistrado de la Corte Suprema, como diciéndole ‘así agradecemos que nuestros miembros puedan atropellar a un transeúnte, quitarle la vida y no recibir el mismo trato que el resto de los mortales'.
¿Cómo no íbamos a llegar a donde estamos? Nuestro país, el Panamá que tanto queremos, vive momentos muy delicados, nuestra institucionalidad se resquebraja, los principios republicanos se deterioran y todo esto a las puertas de un proceso electoral que igualmente se verá empañado, si no empezamos por saber toda la verdad.
Sépanlo, aquellos que le deben la verdad al país, la historia, que es inmisericorde, exigirá cuentas a cada cual, no importa dónde esté.
FUENTE: Editorial del diario La Estrella de Panamá - http://laestrella.com.pa - ->> Ir
