El Consejo Económico Nacional (CENA) avaló, por decisión unánime, el 5 de abril de 2018 el contrato suscrito entre la Alcaldía de Taboga y la empresa Boná Pacific Corp para el desarrollo de un proyecto petroterminal en la isla Boná.El mismo día que el CENA emitió concepto favorable al contrato, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió al alcalde de Taboga, Ramón Ramos, una carta en la que informaba de la medida. En la misiva, además, se certifica que el área objeto del contrato es de propiedad del Municipio de Taboga, es decir que no es tierra nacional.
‘Toda la isla de Boná es parte de los ejidos municipales, indicó Alfredo González, asesor jurídico de la Alcaldía de Taboga. El abogado salió a defender el contrato y alegó que ‘se han dicho muchas cosas que no son ciertas'.
La polémica por el contrato entre la Alcaldía de Taboga y la empresa Boná Pacific Corp surgió, luego que en septiembre del año pasado el Instituto Smithsonian solicitara al Gobierno central proteger la isla por ser un santuario de aves migratorias. Ambientalistas también han solicitado declarar la isla como área protegida.
Para el abogado González, la empresa debe realizar el estudio de impacto ambiental que debe ser categoría III y de ‘no ser aprobado no podrá desarrollar el proyecto'.
‘Las especies de aves que anidan en isla Boná no están en peligro de extinción porque no solo anidan en la isla, sino en todo el litoral Pacífico (…) por lo tanto las operaciones de la empresa no representan no constituyen un riesgo para las aves', recalcó.
Las consideraciones del Smithsonian son otras. El organismo científico realiza, desde hace varios años, estudios de aves en la zona que contribuyen, según han contado, a la comprensión de la ecología de la isla como un lugar de anidación y cría para miles de aves marinas tropicales .
La alcaldía de Taboga también salió a defender el contrato. En un comunicado señala que el proyecto ‘pretende impactar positivamente' a las comunidades de Otoque Oriente y Occidente con la creación de empleos.
Además del compromiso de la empresa en desarrollar responsabilidad empresarial en las comunidades que, según la Alcaldía, se encuentran en un ‘franco abandono'.
El contrato, sin embargo, no ha sido refrendado por la Contraloría.
FUENTE: Con información de La Estrella de Panamá
