
Las cifras fluctúan casi de un día para otro, por eso conviene tomar distancia y comparar lo que se está viendo este año con estadísticas de ejercicios anteriores para ver que en muy poco tiempo, esta población inmigrante se ha multiplicado. Sin ir más lejos, hoy es el doble de lo que venía computándose en 2017 –6.414 en diciembre– y el triple de la de 2016, año que se cerró con 3.997 de estos menores.
El fenómeno crece y, si bien las cifras pudieran no parecer desorbitadas en un país que supera los 46,7 millones de habitantes, sí lo es la desequilibrada distribución entre regiones de estos menores, a los que a menudo acompaña un perfil de conflictividad que hace particularmente compleja su inserción, factor que por otro lado incrementa el riesgo de que ellos mismos acaben siendo víctimas de la explotación, los abusos o la trata. Por no hablar del peligro de muerte que corren en una práctica tan extendida como la de tratar de subir al ferry que une Ceuta con Algeciras.
Sea como fuere, sucesos confusos como el asalto al centro de menores tutelados de El Masnou (Barcelona), ocurrido tras el intento de violación de una joven, han disparado el debate sobre qué hacer con estas personas cuando optan por abandonar el sistema de protección o si es preciso devolverles a sus países de origen en caso de que hayan delinquido. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de Laura L. Caro - abc