jueves, 8 de agosto de 2019

(Argentina) Por qué los repartidores de aplicaciones móviles en Buenos Aires se volvieron "clandestinos" y ahora los detiene la policía

"Nos ayudamos entre nosotros. Nos avisamos dónde hay controles para no pasar por ahí", dice Carlos, uno de los cinco y hasta diez repartidores de comida que van y vienen, pero se hacen compañía en una esquina del coqueto barrio de Palermo, en Buenos Aires, mientras esperan que salga un nuevo pedido en sus celulares, a través de las plataformas de las empresas Glovo, Rappi o PedidosYa, que la Justicia porteña acaba de prohibir.

Desde el aterrizaje de las plataformas como nueva forma de organización laboral, los trabajadores y las trabajadoras que las utilizan como medio de vida carecen de los derechos básicos: ni jornada limitada ni Aseguradora de Riesgo de Trabajo ni obra social ni salario. El fenómeno se enmarca en una Argentina que llegó a los dos dígitos de desocupación: 10,1 por ciento según el INDEC.

Es una noche fría de lunes y no hay mucha gente en esta zona gastronómica de Palermo 'Hollywood', como le llaman algunos. Un rato antes, uno de los jóvenes, casi todos venezolanos, sacó de la caja que cuelga de su motocicleta con unas empanadas —que olían de maravilla— para compartir. Otro reclamó una arepa con la insistencia de un niño que quiere un dulce, hasta que la consiguió. Salvo Simón, que viste un buzo naranja de Rappi, ninguno lleva ropas o insignias en sus rodados, la mayoría bicicletas, que se relacionen con las aplicaciones para las que trabajan. Están en modo "clandestino", pero siguen "laburando".

Nadie aquí lo tiene muy claro. Pero el viernes, el titular del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Andrés Gallardo, hizo lugar a una acción de amparo colectivo y ordenó la suspensión de la actividad de reparto de alimentos a domicilio que no esté regida por la normativa laboral y previsional, o no cumpla con la ley 5.526, el Código de Tránsito y Transporte de la capital argentina.

En declaraciones periodísticas, el juez dijo: "Exigir que un conductor de una bicicleta lleve un casco, material refractario, que la caja no vaya colgada de su hombro y tenga un seguro es algo de lo que no deberíamos estar hablando". Además, comparó la situación con la de los talleres clandestinos en tanto lo que se ofrece “no es un trabajo, es una ocupación precaria”.

En ese sentido, el magistrado encomendó al Gobierno porteño a "clausurar o inhabilitar de oficio a toda empresa, persona física o jurídica, plataforma virtual o informática que actúe en el ámbito de la Ciudad desarrollando la actividad".

Perseguir al más débil
No se ha registrado hasta el momento siquiera una inspección, ni mucho menos la clausura de ninguna de las oficinas que estas compañías —denominadas de 'economías colaborativas'—, tienen en Buenos Aires. Sí, en cambio, hubo inhabilitaciones 'de oficio' de las 'personas físicas', es decir, de los trabajadores.

Tras el fallo, durante todo el fin de semana la Policía de la Ciudad realizó operativos en la vía pública para "identificar a los conductores de ciclorrodados y motovehículos afectados al transporte de mercadería, con detalle de la empresa para la que prestan servicios", tal como pidió Gallardo. Además de ello, deben verificar, en todos los casos, las condiciones de seguridad en las que viajan.

"Nos están exigiendo todos los recaudos, que no los sabíamos. El uso de casco, que es indispensable, el chaleco reflectivo, las luces. Y están cortantes con la libreta sanitaria (un certificado de salud para manipulación de alimentos)", dice Carlos. Pero las compañías nunca les proveyeron nada de eso. Recién ahora, luego del fallo, comenzó Rappi a entregar algunos elementos básicos.

Cuenta Carlos que a un amigo suyo lo detuvieron y lo multaron. Le sacaron la caja y le dieron una orden para que, cuando pague, vaya a retirarla a una dependencia policial. Otro de los chicos muestra en su celular una advertencia de Rappi: si hay multas de tránsito, les suspenderán la cuenta.

Ante los operativos, los repartidores decidieron "andar por la sombrita". "Donde veo un control, me doy la vuelta", señala Carlos, que trabaja 7 horas diarias y gana entre 25.000 y 30.000 pesos mensuales (entre 547 y 656 dólares). Otros llegan a superar las 11 horas diarias de jornada laboral.

Simón vino de Venezuela hace un año y tres meses. Trabajó siempre como repartidor, salvo un período corto en el que se desempeñó como empleado en un restaurante, pero volvió a la calle porque, según él, es "mejor remunerado".

Lo cierto es que estas empresas consideran a los trabajadores "repartidores independientes" o "micro empresarios", por lo que no pagan cargas sociales, ni aguinaldo, ni vacaciones, entre otros beneficios que otorga la ley laboral argentina.

Tras la medida judicial, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó el accionar del juez y dijo que las compañías "están legalmente constituidas, pagan sus impuestos, son utilizadas por mucha gente y dan mucho trabajo".

"Desconozco por qué viene todo esto —reconoce Simón—. Este fin de semana he tenido inconvenientes. No podemos dejar de trabajar porque este es nuestro sustento, gracias a ello nosotros comemos, pagamos el alquiler y enviamos dinero a nuestras familias en Venezuela".

"Me parece algo absurdo que tomen estas medidas tan drásticas porque perjudican a muchas personas. Las empresas se están lavando las manos, ellos dicen que no tienen la culpa", agrega Simón.

"Defender el derecho al trabajo"
Las empresas Rappi, Globo y PedidosYa emitieron este martes una declaración conjunta que se titula "defender el derecho al trabajo". En el texto, las plataformas ratifican "el compromiso con la seguridad vial y el bienestar de sus repartidores" y expresan su "preocupación y rechazo hacia una medida que busca suspender de modo arbitrario la fuente de ingresos" de 20.000 personas.

De acuerdo al comunicado, las multinacionales afectadas generan "trabajo en blanco" y "cumplen con las normas y regulaciones locales y nacionales", por lo que apelarán la sentencia. Con lo de "trabajo en blanco", posiblemente las empresas se refieran al personal que tienen en sus oficinas. El CEO de Rappi, Matías Casoy, no está dando entrevistas en este momento. Pero en una nota publicada en enero por el diario Perfil, dijo que cuentan con más de 200 empleados contratados en el país, y más de 15.000 "colaboradores".

"Las plataformas no solo han creado un verdadero ecosistema que dinamiza las economías locales y democratizan la generación de ingresos, sino que también impulsan procesos de transformación de las organizaciones, sus cadenas de valor y el surgimiento de nuevos modelos de negocio, que contribuyen con más generación de empleo y consumo", dice el texto que firman las tres compañías.

¿Por qué la Justicia prohibió la actividad?
El juez Gallardo actuó en respuesta a una presentación de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), el único sindicato reconocido en la rama, luego de que un repartidor sufriera una accidente en la calle y desde la empresa le preguntaron cómo estaba el pedido.

Maximiliano Arranz, secretario adjunto de ASIMM, señala que la medida afecta a los trabajadores pero "en forma positiva".

"Pocos están viendo el peligro que corren las fuentes de trabajo genuinas y dignas, que no pueden competir con el ofrecimiento de mano de obra esclava que hacen las plataformas en el mercado", sostiene Arranz ante la consulta de este medio.

El gremio no busca que las plataformas dejen de funcionar, sino que reconozcan la relación laboral y se sometan a las leyes argentinas, explica. "Exigimos que aquellos trabajadores de mensajería o reparto, a los cuales se les asignan tareas desde una plataforma, sean reconocidos como tales y estén en relación de dependencia", dice el dirigente sindical.

"Con eufemismos cínicos, como escudarse detrás de un celular, o de un slogan, como puede ser 'el futuro del trabajo', esta gente quiere encubrir una relación laboral. Vos hoy pedís una pizza y no te la lleva un robot o un holograma. Te la lleva un repartidor de carne y hueso, igual que hace 20 años. Mientras esto sea así, tienen derechos y habrá un sindicato que los va a defender", sostiene el gremialista.



FUENTE: Emmanuel Gentile - Actualidad RT
 

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