El Segundo Tribunal de Justicia confirmó la decisión del Juzgado Duodécimo de lo Penal, de no extender la fase de investigación por los sobornos de la constructora Odebrecht a funcionarios y particulares en Panamá. La instancia argumentó que extender por más tiempo las pesquisas va en contra del principio de una justicia en tiempo razonable y sin demoras.El Auto N°51-S.I, del 2 de agosto de 2019, establece que el plazo para instruir una causa compleja es de un año para la investigación preparatoria, más un año de prórroga. Sin embargo, este proceso lleva tres años y ocho meses en instrucción. Esto, según los fundamentos jurídicos, se opone a la racionalidad y proporcionalidad de los tiempos y plazos planteados para los casos complejos. El caso se originó con una denuncia de Alvin Weeden el 18 de septiembre de 2015.
La extensión de los términos de la investigación para recopilar nuevos elementos probatorios violenta el debido proceso y llena de incertidumbre a los involucrados en el proceso penal. Más aún cuando en este caso existe un imputado con medida de detención preventiva, se han girado varias órdenes de captura y personas con medidas cautelares, que necesitan una repuesta de la justicia sobre su situación jurídica, establece el tribunal, en los fundamentos jurídicos del Auto N°51-S.I.
El documento señala que es público y notorio que, a pesar de la complejidad de las actuaciones de la constructora acusada de corrupción y blanqueo de capitales, autoridades judiciales de otras regiones como Brasil, Ecuador, Perú y República Dominicana han logrado avanzar a la fase de enjuiciamiento e incluso a la de sentencia.
De acuerdo a la solicitud de la fiscalía, se requiere más tiempo para ampliar la investigación al periodo gubernamental de Martín Torrijos Espino (2004-2009), para llegar a los cimientos de las primeras contrataciones de la constructora brasileña.
La fiscalía alega que las diligencias practicadas indican que personas naturales y jurídicas fueron presuntamente beneficiadas por la constructora brasileña. Además, que existen cuentas y transferencias bancarias de este periodo gubernamental que podrían estar relacionadas con la investigación.
Pero según el Tribunal de Justicia, no es viable someter el proceso a la incierta espera de una nueva etapa de investigación, considerando que el Ministerio Público no detalla las diligencias que requiere para la vinculación de una persona y ni siquiera de qué persona se trata.
El documento señala que la agencia de instrucción se expresa de una ‘manera indeterminada' al señalar que debe continuar con la investigación a fin de traer el proceso a quienes resulten responsables, lo que se traduce en incertidumbre para quienes resulten vinculados y sometidos a medidas cautelares. La solicitud de la fiscal se sustenta en la necesidad de tomar indagatorias a quienes han resultado vinculados, pero que están a la espera de extradición o mediante una cooperación judicial internacional.
‘Lo anterior no ofrece certeza jurídica alguna acerca de los elementos que desea acopiar para lograr este objetivo', señala el documento en sus fundamentos jurídicos. Es decir, que la investigación entraría en una nueva fase en la que no se tiene seguridad de los alcances reales, afectando los derechos de las personas vinculadas y con medidas cautelares, de la colectividad y del país considerando que la causa tiene ribetes internacionales.
Extender los términos, según el documento, riñe contra el debido proceso consignado en el artículo 32 de la Constitución Política, replicado en el artículo 1944 del Código Judicial y contra el contenido del artículo 15 del Código Procesal Penal, que se refiere al principio de justicia en tiempo razonable.
Por último, la sala reconoce la complejidad de la causa instruida, como consecuencia de un esquema de corrupción en el que se vincula a una importante cantidad de personas naturales y jurídicas. Esto, sumado a que la fiscal (Zuleika Moore) reconoce la dificultad de llevar dos expedientes, que suman más de 700 tomos, en los que ni siquiera se ha logrado físicamente la acumulación de ambos, señala el documento. Pero esto no sirve de base para justificar la extensión de la investigación más allá de los límites razonables, según el dictamen judicial.
El 10 de abril de 2018, el Segundo Tribunal de Justicia concedió un año a la Fiscalía Especializada Anticorrupción para que agotara la fase de investigación del proceso. Sin embargo, el 19 de marzo de 2019, antes de vencerse el término de investigación, cuando aún estaba facultada para continuar con las pesquisas, la Fiscalía Especializada Anticorrupción solicitó una nueva extensión del plazo.
La decisión está firmada por los magistrados María Lourdes Estrada Villar y José Hoo Justiniani. La Fiscalía se notificaría la tarde de ayer de la decisión del Segundo Tribunal de Justicia.
Abogados consultados aseguran que la Fiscalía tiene la opción de interponer un amparo de garantías constitucionales con base en la indefensión de la sociedad, para que le dé tiempo de seguir investigando el caso.
Cochez propone ayuda para el caso Odebrecht
El abogado Guillermo Cochez envío una carta al presidente, Laurentino Cortizo, en la que plantea que la vida institucional del país está en peligro. El abogado agregó que es necesario darle otro rumbo a lo que se percibe como ‘un sistema judicial fallido y sin posibilidades de recomponerse'.
Cochez aseguró que los casos de corrupción relacionados a la constructora brasileña podrían quedar impunes.
A la vez, propone que, con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras y Guatemala se proceda a pedir esa ayuda para que coadyuve a las autoridades judiciales y de investigación panameñas ‘para impedir que nos sigamos hundiendo en la especie de lodazal en que van quedando los casos que se investigan sin que al final quede nadie sancionado'.
FUENTE: Con información de Marlene Testa - La Estrella de Panamá
