Durante la operación, que tomó todo el día, el ataúd de Franco fue transportado en helicóptero al lugar donde desde ahora descansan sus restos. El evento fue transmitido en vivo por televisión y seguido de cerca por todo el país. Sin embargo, partes de la ceremonia se realizaron a puertas cerradas, en la intimidad.
El gobierno socialista de España tomó la decisión de trasladar los restos del autócrata, alegando que quería saldar una antigua deuda con sus víctimas.
Muchos españoles consideraban el pomposo mausoleo del Valle de los Caídos, que Franco mandó construir para su tumba, era un insulto a los cientos de miles de muertos de la Guerra Civil Española de 1936-1939, en la que triunfó el general, y a los perseguidos por su régimen de cuatro décadas.
También consideraban el enorme monumento al dictador una mancha sobre España como estado democrático moderno.
Muchas de las víctimas de Franco ocupan tumbas sin nombre en el mismo mausoleo, tallado de una ladera por presos, muchos de ellos políticos, que trabajaron bajo condiciones casi de esclavitud.
En una operación planeada minuciosamente, tras extraer el ataúd de debajo de las losas de mármol y granito que lo protegían en el interior de la basílica del Valle, el abad ofreció un breve responso ante la familia. El féretro salió del templo a hombros de sus familiares hasta un coche fúnebre, que lo llevó a un helicóptero para su traslado al cementerio de Mingorrubio, a unos 57 kilómetros (35 millas) de distancia.
En un intento por proteger la privacidad y evitar que las labores de exhumación fuesen grabadas y publicadas en redes sociales, el gobierno prohibió que los asistentes al acto _22 miembros de la familia Franco, funcionarios gubernamentales y trabajadores_ llevasen cámaras y celulares.
Por temor a posibles disturbios, las autoridades prohibieron una manifestación contra la exhumación en el cementerio de Mingorrubio, aunque unas 400 personas, algunas de ellas con banderas anticonstitucionales y coreando “Viva Franco”, se congregaron en las inmediaciones del camposanto bajo la mirada de la policía.
Macarena Martínez-Bordiú, una familiar lejana del dictador, dijo sentirse "indignada” con lo ocurrido y acusó al gobierno de "profanar una tumba".
En declaraciones a la televisora estatal TVE, el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dijo que la salida de Franco del Valle “tiene un gran significado para nuestra democracia. Nuestra democracia es hoy más perfecta”.
La exhumación y el posterior entierro no acabarán con el legado de Franco en el política contemporánea española, especialmente a apenas unas semanas de las elecciones generales del 10 de noviembre.
Franco gobernó España entre 1939 y 1975. Llegó al poder tras tres años de guerra civil que comenzaron con un alzamiento militar que él ayudó a impulsar contra el gobierno democrático.
Católico convencido, consideró la guerra y la posterior dictadura como una especie de cruzada religiosa contra las tendencias anarquistas, de izquierdas y laicas del país. Su gobierno autoritario, junto a una Iglesia católica profundamente conservadora, mantuvo a España aislada de los avances políticos, industriales y culturales ocurridos en Europa durante casi cuatro décadas.
El país volvió a la democracia tres años después de su muerte, pero su legado y su huella en la política española siguen despertando rencores y pasiones.
Durante décadas, miles de personas conmemoraron el aniversario de su deceso, el 20 de noviembre de 1975, en la explanada de la Plaza de Oriente, en el centro de la capital del país, Madrid, y en el mausoleo del Valle de los Caídos. Y aunque la popularidad del dictador ha disminuido mucho, su exhumación ha sido criticada por sus familiares, por los tres principales partidos de la derecha española y por algunos miembros del clero por abrir viejas heridas políticas.
El proceso fue autorizado finalmente por el Tribunal Supremo en septiembre, cuando rechazó un recurso presentado meses antes por la familia Franco para pararlo.
La exhumación estaba contemplada en las enmiendas a la Ley de la Memoria Histórica de 2007, que busca reparar a las aproximadamente 100.000 víctimas de la guerra y la posterior dictadura que están enterradas en fosas comunes no identificadas, entre ellos miles en el Valle de los Caídos. La legislación prohíbe que los restos de Franco estén en un lugar público que lo exaltase como una figura política.
Tras no haber podido completar el proceso el año pasado, el gobierno interino socialista de Pedro Sánchez quería que la exhumación y el posterior entierro se completasen antes de los comicios generales de noviembre, una iniciativa que la oposición calificó de electoralista.
FUENTE: Con información de AP - lmtonline.com