miércoles, 16 de octubre de 2019

(Panamá) FCC reconoce delitos y pacta un acuerdo con el Ministerio Público

La constructora de uno de los hombres más ricos del mundo, el mexicano Carlos Slim, está por declararse culpable de haber pagado coimas en Panamá. Esto se haría a través de un acuerdo de colaboración que se firmaría en las próximas semanas con el Ministerio Público de Panamá.Se trata de la empresa con sede en España, Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC), inscrita en Panamá como FCC Construcción América S.A., la cual estaría reconociendo el supuesto pago de comisiones ilegales en Panamá por varios millones de dólares, además de declararse culpable de los delitos de corrupción de funcionarios públicos y contra la administración pública, de acuerdo con documentos que llegaron a La Estrella de Panamá.

El expediente –hasta hoy mantenido en secreto- fue armado por la fiscal Ruth Morcillo y apunta sólo al periodo 2009-2014 (gobierno de Ricardo Martinelli) y que tiene como base las delaciones premiadas de dos ex ejecutivos de FCC: Julio Casla García y Eugenio del Barrio Gómez. Los dos ejecutivos fueron indagados por primera vez por el Ministerio Público entre el 19 y el 25 de junio pasado en las oficinas de la embajada de Panamá en Madrid.

Actualmente Del Barrio es alto ejecutivo de la empresa OHL, que tiene múltiples negocios en Panamá con el Estado, mientras que Casla trabaja en otra empresa de construcción, según las delaciones premiadas de ambos ejecutivos, a la que tuvo acceso La Estrella de Panamá.

Entre los contratos investigados se encuentra el tramo 1 y 2 de la ampliación de la Vía Brasil por 306 millones de dólares, la ciudad hospitalaria por 517 millones dólares, el hospital Luis Chicho Fábrega por 127 millones de dólares, y además se menciona la línea 1 y 2 del Metro de Panamá en sociedad con Odebrecht, debido a una posible compra de acero con sobreprecio a la empresa Quality Steel. Según declaró Casla, se habría comprado a la empresa Quality Steel para el Metro, la tonelada de acero a un costo de 2,000 dólares cuando el precio en el mercado estaba entre 800 y 850 dólares. Es decir, unos 1,200 dólares por sobre su valor de mercado.

En el acuerdo con la empresa, el Ministerio Público de Panamá acepta levantarle todos los cargos a FCC, le establece una multa de apenas 20 millones de dólares, y ambas partes se comprometen a mantener en secreto el acuerdo de colaboración aun por firmar y las declaraciones de los dos ex ejecutivos.

El Ministerio Público no tiene buen récord en estos últimos puntos: ya ha incumplido en otros casos de alto perfil, entre ellos el del empresario Raúl de Saint Malo que denunció haber recibido presiones del Ministerio Público y el propio ex presidente Juan Carlos Varela para involucrar a terceras personas en sus indagatorias sobre otro caso de corrupción, y finalmente no le cumplieron el acuerdo que en principio le permitiría el reemplazo de su condena por trabajo comunitario. Hoy está preso.En el caso de la empresa de Slim, dos ex ejecutivos de FCC declararon que reconocen que la empresa habría pagado coimas equivalentes al 10% de los contratos que ganaron en el periodo investigado, de acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso este diario.

En las indagatorias, Del Barrio y Casla señalan a una serie de ex funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli. Según las delaciones, los ejecutivos no aportaron otras pruebas. Ambos, Del Barrio y Casla, solo dicen tener la seguridad que los supuestos pagos, en concepto del 10% de los proyectos adjudicados, se hicieron a una sociedad anónima denominada Arados de Plata. Dicha sociedad fue nombrada en otro caso, el escándalo Odebrecht, por el que el Ministerio Público ya hizo un acuerdo de pena.

El Ministerio Público de Panamá le propuso a la empresa de Slim firmar un acuerdo de colaboración que supuestamente lo exoneraría de una investigación similar en España en apego a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a cambio de aceptar el pago de coimas en Panamá. En España la Justicia tiene un caso abierto, aunque todo el proceso depende de lo que Slim arregle en Panamá.

En el acuerdo propuesto por el Ministerio Público de Panamá, la empresa FCC solo pagaría una multa de 20 millones de dólares. En el periodo investigado, la empresa FCC facturó casi mil millones de dólares en tres proyectos donde la empresa participó individualmente, mientras que en consorcio con Odebrecht facturó otros 2 mil 200 millones de dólares por la línea 1 y 2 del Metro de Panamá. Tanto los dos delatores como la empresa contrataron para este proceso a abogados vinculados al magistrado Jerónimo Mejía, según los documentos obtenidos.

El abogado principal de la empresa, y encargado de negociar con el Ministerio Público, es Marjorie Wells de Mejía, del bufete Mejía & Asociados.FCC también se aseguro –según los documentos- que el Ministerio Publico no le formule cargos, tanto ahora como el futuro, lo que le permitiría seguir operando en el país.

El acuerdo preliminar ha sido negociado por la esposa del magistrado Mejía, la abogada Marjorie Wells de Mejía, en representación de la empresa de Slim.

Por la parte del Ministerio Público, la fiscal Ruth Morcillo se encargó de armar el expediente asegurando que no se mencionara a ninguna figura del gobierno de Martin Torrijos (2004-2009) o Juan Carlos Varela (2014-2019). Morcillo viajó nuevamente a España el 19 y el 18 de septiembre pasado a tomar ampliación de las indagatorias de Del Barrio y Casla.

Carlos Slim tomó el control accionario de FCC en 2015, sin embargo, sigue teniendo como socios a la familia de Esther Kolowitz, que estaban al frente de la empresa cuando se habrían dado los contratos investigados en Panamá.

OHL, el Metro y una extraña coincidencia

El consorcio integrado por el grupo OHL (España) y Mota-Engil (Portugal) se adjudicó la licitación para la extensión de la Línea 1 del Metro de Panamá -por un monto de más de 177 millones de dólares- el 24 de julio de 2018, durante el año final del gobierno de Juan Carlos Varela. Justamente, Eugenio Del Barrio fue durante la licitación -y aún es hoy- uno de los principales directivos de OHL para América Latina , encargado de desarrollo de negocios.

Juan Carlos Varela le entregó la extensión de la Línea 1 del Metro a OHL –empresa en la que trabaja Del Barrio, que realizó múltiples viajes al país- en medio de la negociación entre el Ministerio Público y el ejecutivo, quien finalmente aceptó firmar una delación premiada por su trabajo en su anterior empresa, FCC de España. Lo hizo el 24 de junio de 2019, y centró sus testimonios solo en el período 2009-2014.

Actualmente, Del Barrio continua al frente de OHL para la región, y según el acuerdo que firmó –al que tuvo acceso La Estrella de Panamá- el Ministerio Público no fijó aún ninguna pena contra el ejecutivo.

FUENTE: Con información de Yelina Pérez Sánchez - La Estrella de Panamá
 

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