El Gobierno gestiona la aprobación de un contrato con la firma estadounidense Foley Hoag LLP por US$4.9 millones para que represente legalmente al Estado panameño en un arbitraje interpuesto por la empresa española Sacyr, S.A., principal accionista del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) que construyó el tercer juego de esclusas.En el acuerdo entre GUPC y el Canal quedó establecido que la instancia para resolver los conflictos sería el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Sin embargo, en esta ocasión Sacyr se fue por otra vía, al introducir su demanda bajo el reglamento de arbitraje de la comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por supuestas violaciones del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones firmado entre la República de Panamá y el Reino de España, de 1998. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de Agencias - estrategiaynegocios.net
