Por: Laura Candanedo - El mayor recurso del Estado funciona como otro país, ahora a PERPETUIDAD para unos cuantos y sin fiscalización. Miembros de Junta Directiva de la Autoridad del Canal, nombrados por diferentes presidentes, por tanto ente político, trabajan por sus intereses y no por los del país.Situaciones importantes de esa “excelente“ administración: Costo de ampliación superior a lo estimado, lo que no haría rentable al Canal, demandas de contratistas exigiendo pagos adicionales, indican contrato con fallas; deficiente inspección de construcción de obra como lo demuestran fotos de filtraciones en muros, concreto de muros desprendiéndose; salinización del Lago Gatún, asunto grave, por todo lo que afectaría; miembros de esa junta directiva en negocios relacionados con el Canal; costo remodelación casa, etc; ameritaban separación inmediata e investigación del administrador de ACP, de Junta Directiva, audito a toda la institución y a trabajos de la ampliación.
En 2019, ACP retira condición de bienes de dominio público, a 682 hectáreas de Área del Canal. Artículo 9, capítulo 4 de la Ley 21 y del mandato Constitucional. Son tierras de dominio público y no podrán ser vendidas ni concesionadas. “Casualmente” terrenos colindantes con ampliación de vía Omar Torrijos. Puestas en venta por UABR. Dentro de esas hectáreas se localizan infraestructuras como la línea ferroviaria, tanque de agua potable y línea de conducción de Paraíso, área deportiva de fútbol americano, la antigua pista de atletismo de Paraíso donde se han preparado excelentes atletas panameños.
Ampliación de vías Omar Torrijos y Panamericana, Cuarto Puente, Tercer Puente, Puerto de Corozal, Howard-Centenario y otros, responden a un solo proyecto, ya en ejecución, con estudio realizado por la compañía Louis Berger, entregado en 2017, que no ha sido dado a conocer al país a pesar de tener en su totalidad costo similar a la ampliación del Canal y a pesar de necesidades prioritarias del país: Plan Maestro de Infraestructura de Transporte y Logística de Carga para la Zona Interoceánica del Canal de Panamá. Destrucción de bosques, recursos hídricos y fauna, violando leyes, justificados como “solución” a problema de vialidad para personas que viajan desde Arraiján y Chorrera hacia su trabajo. Necesidad creada, por no aplicar los planes de ordenamiento, anteponiendo intereses económicos de aquellos que dominan las decisiones del Estado. No importa el habitante, su bienestar y mucho menos la fragilidad del área, su recurso hídrico ni la rica biodiversidad ya afectadas.
Artículo 13-A. Ley 21 de 1997. La categoría de ordenamiento territorial IV, denominada Áreas de compatibilidad con la operación y expansión del Canal, y la subcategoría denominada Riberas del Canal y sus Lagos, establecidas en los Anexos I y II de la presente Ley, no podrán ser variadas. No obstante la categoría de ordenamiento territorial que se establezca por ley para una determinada área comprendida dentro de la Cuenca Hidrográfica del Canal y todo uso en áreas de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá que puedan afectar la cantidad o calidad del recurso hídrico de la Cuenca, requerirán autorización expresa y previa de la Autoridad del Canal de Panamá.
Este artículo de la Ley indica claramente la responsabilidad de la Junta Directiva y del Administrador del Canal en la destrucción de la cuenca hidrográfica del Canal.
ACP dio compatibilidad a proyectos urbanísticos dentro de la cuenca del Canal de Panamá, a destrucción de bosques y de áreas protegidas por ley, concesiones mineras a CEMEX en riberas de lago Alajuela, y también a proyectos incompatibles con otros usos de suelo del área.
A fines de 1997, cuando ya habían sido entregados el Plan Regional y el Plan General para el uso y conservación del área del Canal, fue advertido por los especialistas de los Planes de Ordenamiento para distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján, Chorrera, Capira y Chepo en el Pacífico y Colón en el Atlántico: “Implicaciones de un Futuro no planificado: Sin un plan de ordenamiento urbano, este patrón de desarrollo continuará manteniendo la tendencia de crear corredores de atracción para comunidades dormitorios de bajos ingresos, cuya población deba recorrer distancias largas y cada vez más congestionadas a las fuentes de empleo. Aún peor, al abordar estos corredores de la cuenca del Canal de Panamá por el corredor Transístmico y la propuesta Autopista Colón-Panamá se incrementará el impacto ambiental sobre los recursos hidrológicos que sustentan las operaciones del Canal, comprometiendo su viabilidad económica, a pesar de las recomendaciones de la Ley 21 de 1997 que crea el Plan Regional y el Plan General para el uso y conservación del área del Canal”.
Contribuyentes pagaron millones en planes, pero los intereses económicos y perversidad de quienes liderizan todos los partidos políticos, Junta Directiva de ACP y gremios económicos con intereses en el sector, los anteponen a los nacionales, constituidos en los bienes patrimoniales, saquean al Estado, afectando los recursos del país y cambiando negativamente el futuro y bienestar de los habitantes.
Arquitecta
FUENTE: Artículo de Opinión - Laura Candanedo - La Estrella de Panamá
