Dos representantes de la sociedad civil ante el comité distrital del Municipio de Panamá, que analiza el proceso de implementación de la justicia comunitaria, renunciaron al cargo que ejercían ad honorem y en la misiva detallan las irregularidades que hay e incluso hablan de falta de voluntad política para solucionar debilidades de la justicia de paz. Se trata de Giovanni Miranda y Alma Montenegro de Fletcher.
En la carta de renuncia, ambos narran que en agosto de 2019 se realizó una reunión con el alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, con la finalidad de lograr avances para mejorar las condiciones de las casas de paz, que reemplazaron las corregidurías.
Sin embargo, alegan, 11 meses después de esa reunión persisten las fallas que son detalladas en la misiva y, lo que es peor, “pareciera no existir por parte de la administración alcaldicia la intención de impulsar este proyecto de administración de justicia comunitaria de forma exitosa”.
Entre las deficiencias que anotan Miranda y Montenegro de Fletcher, resaltan que falta nombrar 26 mediadores que, a su juicio, es un personal fundamental de apoyo a los jueces de paz. Además se deben designar tres jueces de paz para los nuevos corregimientos y “existen otros funcionarios actuando sin legitimidad”, en vista de que no cumplieron con la formalidad de pasar por la selección de la comisión técnica distrital.
Los recursos de apelación, elemento importante, en caso de recurrirse las resoluciones de los jueces, no se cumplen de acuerdo con los plazos estipulados por la ley. Aparte de que no existe una unidad administrativa ni de cumplimiento que le dé seguimiento al desempeño de los jueces de paz.
El Municipio de Panamá no reconoce la justicia de paz como una de las tareas habituales y se ha designado a dos funcionarios para que atiendan aspectos administrativos de las 23 casas de justicia comunitaria, que carecen de insumos básicos para su funcionamiento y seguridad, como atender situaciones vecinales y policivas, señala el documento.
A eso se suma que las casas de justicia comunitaria funcionan en lugares inapropiados. Miranda y Montenegro de Fletcher reconocen, en la carta, que la Ley 16 de 2016, que establece la justicia comunitaria, tiene algunos vacíos y que se evalúa su modificación, sin embargo, desconocen la propuesta.
“Ojalá se cumpla con todos sus vacíos, dado que está dirigida al cambio cultural para mejorar la administración de justicia local”, concluye la carta.
FUENTE: Con información de José Arcia - La Estrella de Panamá
