Según la investigación, Lina Moreno de Uribe, gerente y representante legal de El Ubérrimo S.A.S., interpuso una demanda ante el juzgado promiscuo municipal de San Carlos para reclamar la propiedad de un terreno que, según las autoridades, es un predio baldío destinado para los campesinos pobres.
Dicha propiedad, más conocida por el nombre de ‘Laguito 2’ y con una extensión de ocho hectáreas, fue ocupada irregularmente y explotada económicamente por los Uribe desde hace más de siete años a través de El Ubérrimo S.A.S.
“La matrícula inmobiliaria indica que Laguito 2 engloba cuatro lotes y que ha pasado de dueño en dueño por falsa tradición, es decir, sin haber título de propiedad”, indica Vorágine.
Justamente por esa razón, la intención de la exprimera dama era reclamar la propiedad a través de una figura jurídica que permite a los ciudadanos apropiarse de un bien inmueble sin la necesidad de mostrar un título de propiedad alguno.
Los deseos de la familia Uribe se iba a materializar, hasta que la registradora seccional de Instrumentos Públicos de Cerete, la señora María Stella García, informó la necesidad de suspender el trámite dado a que el predio ‘Laguito 2’ es un baldío rural que le pertenece a la Agencia Nacional de Tierras.
Esta no sería la primera vez que la hacienda del expresidente Uribe, donde hoy cumple su medida de aseguramiento por el caso de Manipulación de Testigos, está en líos por ocupar predios de origen baldío en el país.
En el 2017, la Contraloría solicito a la ANT adelantar acciones judiciales con el fin de anular la venta de once propiedades al nombre de El Ubérrimo S.A.S
Vorágine destaca que, al preguntarle a Lina Moreno de Uribe por la devolución de estos predios quien procedió a responder fue el exsenador Uribe.
Según el expresidente, las tierras fueron compradas de buena fe a una familia de la región, y que esta se comprometió a legalizar las tierras, pero nunca lo hizo. Por lo que la familia Uribe decidió comenzar con la demanda de pertenencia, pero “el abogado elegido había tenido algunos problemas personales y de ahí la definición del Juez”.
El equipo de Vorágine cuenta que el expediente de este proceso aparecía como “privado” a pesar de ser un proceso público pues no se trataba de información reservada, ni protegida por la ley.
FUENTE: Con información de cuartodehora.com
