Y sí que ha faltado voluntad. Lo cierto es que el texto del 91 fue un hito histórico, casi incomprensible, en especial porque lo avaló la misma clase política que se ha dedicado los últimos 30 años a destruirla. Casi que su gran triunfo es haber resistido a quienes la detestan. Cincuenta y cinco reformas ha sufrido hasta el momento. La más dañina, la relección presidencial, madrastra del desastre institucional que hoy vivimos, en el que el ejecutivo es dueño de todo y acecha con codicia a quien se le resista.
A eso debemos sumarle el actual director de esta orquesta titánica (más por aquella del barco náufrago que por la dimensión de su cometido), un despistado capitán que ejerce desde el púlpito, sofoca la protesta social, censura, persigue a sus críticos y anhela los estados de sitio. Es decir, todo aquello que la Constitución le prohíbe.
Tres décadas de promesas en suspenso, más el advenimiento de una pandemia mundial en la que el Gobierno abandonó a su suerte a la población más vulnerable, eran terreno fértil para la manifestación social más intensa que ha vivido este país en su historia reciente.
A pesar de la degradación de algunos escenarios del paro, de su uso político y de las infiltraciones que ha sufrido, las manifestaciones del #28A han hecho visible a una juventud vigorosa, organizada, consciente de las apabullantes desigualdades que la mantienen en la pobreza y determinada a obtener un cambio. Estos momentos de convulsión social han develado una cantidad inesperada de nuevos defensores de los Derechos Humanos, de juristas que estrenan su tarjeta profesional para defender la manifestación pública, de colectivos que quieren gritar a través del arte, de periodismo callejero y valiente.
Hablo de organizaciones como Temblores, creada tan solo hace cuatro años. Su plataforma Grita, su clínica jurídica ambulante Policarpa o su informe Bolillo, Dios y Patria son una oda a la incidencia social novedosa, efectiva y seria. Por ello han desatado la ira de una ultraderecha que no soporta que dos hermanos de 33 y 27 años lideren a un grupo de jóvenes que con rigor se han encargado de construir una memoria documentada de lo que podría ser la más reciente comisión de crímenes de lesa humanidad en Colombia. ->>Vea más...
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles
