En medio de evaluaciones y conmemoraciones, algunas voces señalan que la Constitución es una promesa incumplida e invocan algunos ejemplos: la vida es un derecho inviolable, pero en los últimos tres meses se asesinaron 49 lideres sociales y 278 ex – integrantes de las FARC desde la firma de los acuerdos de paz. La Constitución consagra el Estado Social de Derecho, pero el 42% de la población se encuentra en la pobreza. Protege el derecho a la protesta, pero tenemos 82 jóvenes con lesiones oculares y 74 homicidios. Podríamos seguir: la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría deben defender los derechos de la sociedad y los derechos humanos, pero su postración y condescendencia con el gobierno, indican lo contrario. Estos datos son ciertos y resultan incontrovertibles.
Si recordamos el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano el asunto es aun más desalentador “Una sociedad en donde la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución”. ¿Podríamos concluir que no tenemos constitución?.
Una cosa son las reglas que fija la Constitución y otra las prácticas políticas. Una Constitución fija unas reglas, limita el poder de los gobernantes y traza unos horizontes de futuro. Sin embargo, su impacto y sus efectos, por muchos aciertos que contenga, son limitados y solo llegan hasta cierto punto. Se necesitan instituciones, legisladores, jueces, pero sobre todo gobiernos comprometidos con sus mandatos.
La Constitución anterior permitía gobernar bajo el estado de sitio en forma ininterrumpida. Entre 1949 y 1991 se acumularon 30 años bajo el régimen marcial. La asamblea constituyente del 91 creó el estado de conmoción interior y lo limitó en el tiempo y la Corte Constitucional ejerce el control judicial para evitar el abuso presidencial.
Dos de los principios vertebrales del estatuto del 91 son la soberanía popular y la democracia participativa. Más 8 millones han acudido a la tutela y la Corte Constitucional los ha protegido.
Los mecanismos de participación muestran que gobiernos y ciudadanía, independiente de su ideología, han puesto en marcha alguno de ellos: el mandato ciudadano por la paz de octubre de 1997 (10’000.000), el referendo de Uribe de 2003 (6’293.807), la consulta región Caribe de 2010 (3’120-000), el plebiscito por la paz de 2016 (13’066.046), la consulta contra la corrupción de 2018 (11’507.233), suman 44’300.000 ciudadanos. También las 571 acciones de pérdida de investidura contra los congresistas y los 323 casos en que el Consejo de Estado las decidió favorablemente. Tenemos un documento que, a pesar de los obstáculos, está en manos de la ciudadanía.
En la mayoría de los casos la participación no ha sido vinculante porque la reglamentación legal crea barreras que bloquean su eficacia, como sucedió en 2010 con el referendo por el reconocimiento del agua como derecho fundamental (2’500.000 firmas). ->>Vea más...
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles
