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martes, 20 de julio de 2021

(Colombia) La Cofradía (+Opinión)

Por: Daniel Coronell - La Defensoría del Pueblo se ha unido a la causa del megapensionado que ha recibido muchos más años de jubilación que los que trabajó en el Congreso.

Gabriel Ramón Jaimes, el fiscal que en lugar de investigar actúa como defensor de oficio del señor expresidente Álvaro Uribe, está recibiendo su premio burocrático. Su esposa fue nombrada en uno de los más altos cargos de la Defensoría del Pueblo. La revelación la hizo el periodista Gonzalo Guillén. Tan interesante como el puesto son el momento en el que se produjo el nombramiento y una de las actuaciones de la nombrada.

El pasado 3 de septiembre, el fiscal Francisco Barbosa encargó a Gabriel Ramón Jaimes del caso del expresidente Uribe. Como ustedes recordarán, el proceso llegó a la Fiscalía porque el imputado Uribe renunció al Senado para huir de la competencia de la Corte Suprema. Algo que había asegurado que jamás haría.

Apenas pasaron 45 días desde que Jaimes recibió el encargo hasta cuando el defensor del pueblo Carlos Camargo –el mismo que convirtió la institución en un fortín de pagos burocráticos– nombró a su esposa Rubby Cecilia Durán Maldonado como directora nacional de recursos y acciones judiciales. La resolución tiene fecha del 19 de octubre.

La asombrosa coincidencia está acompañada de unos detalles muy significativos.

La doctora Rubby Cecilia ya había gozado de las mieles burocráticas. Durante la Procuraduría de Alejandro Ordóñez fue procuradora judicial y coincidió en la entidad con su esposo Gabriel Ramón Jaimes quien se paseó por tres importante puestos como hombre de confianza y correligionario del entonces procurador general.

Ellos dos no eran los únicos empeñados en convertir el Ministerio Público en el feudo conservador y ultracatólico de Alejandro Ordóñez. Entre otros miembros de ese grupo, algunos de los cuales se hicieron tristemente célebres, estaba la procuradora delegada para la vigilancia administrativa Cristina Grueso.

La doctora Grueso merecería un capítulo aparte, pero para no perdernos en el berenjenal de favores solo les quiero contar que es la esposa del exsenador conservador Pablo Victoria, uno de los más ferverosos partidarios de Alejandro Ordóñez y de Álvaro Uribe.

Desde su llegada al cargo solo una actuación de la doctora Rubby Cecilia Durán Maldonado ha merecido la atención de la prensa y tiene que ver con el exsenador Pablo Victoria.

En diciembre pasado, cuando la doctora Rubby apenas llevaba un mes y dos semanas en el puesto, el diario El Tiempo publicó una noticia titulada “Demanda a megapensión: ¿por qué la Defensoría apoya a excongresista?”

El artículo relata que el exsenador Pablo Victoria ha conseguido demanda tras demanda que le sigan pagando su megapensión de más de 21 millones de pesos a pesar de que, según cuenta El Tiempo, desde 1999 el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecón) demandó el pago porque el doctor Victoria solo trabajó diez años y pretendió acreditar otros diez con la publicación de cinco libros que, de acuerdo con la entidad y dos fallos judiciales, no cumplen los requisitos para remplazar el tiempo de trabajo necesario para la jubilación.

En febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a Fonprecón y ordenó cesar los pagos a Pablo Victoria. El excongresista apeló inmediatamente y el caso se fue al Consejo de Estado, mientras tanto sigue cobrando.

En julio de este año, la sección segunda del Consejo de Estado confirmó el fallo del tribunal y determinó que el exsenador Victoria no tiene derecho a seguir recibiendo la megapensión. El exsenador volvió a apelar y además interpuso una acción de tutela. La tutela ya la perdió.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo se ha unido a la causa del megapensionado que ha recibido muchos más años de jubilación que los que trabajó en el Congreso.

La doctora Rubby Cecilia Durán le envió una carta al Consejo de Estado respaldando la pretensión de Pablo Victoria. En el documento, la señora de Jaimes asegura sobre la causa del exsenador: “La eliminación de su mesada pensional, en principio, atentaría en contra de su derecho fundamental al mínimo vital. Y de la misma forma, se vería comprometido derecho fundamental a la seguridad social”. ->>Vea más...

FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles

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