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domingo, 12 de diciembre de 2021

(Colombia) Buscando el móvil (+Opinión)

Por: Daniel Samper Pizano -
Pasarán años antes de que volvamos a ver un engendro parecido al que ya se conoce como Ley Mordaza. Destinado originalmente a “adoptar medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción”, su prólogo describe la podredumbre administrativa nacional y despliega luego un extenso articulado para alcanzar la cada vez más difícil meta.

Entre otros datos, informa que las pérdidas por chanchullos de variada fibra cuestan al país cincuenta billones anuales; que en ciertos megacontratos chuecos solo es posible recuperar entre un tres y un cuatro por ciento del dinero extraviado; que en 2019 había 1.176 proyectos sin terminar; que los sobornos absorben un 71 por ciento del costo final de las obras, y que solo reciben castigo tres de cada 100 corruptos, al paso que los 97 restantes gozan de dichosa impunidad. A partir de tan desoladora realidad, el proyecto presentado por el Gobierno aporta fórmulas para iluminar los procesos de contratación, exigir rectitud a los funcionarios y dificultar el trabajo a los criminales.

Hasta ahí, todo laudable. Pero a última hora apareció un artículo “así de chiquitico” que fijaba penas de prisión hasta por diez años y multas de 1.500 millones de pesos a los periodistas que calumnien o injurien a un funcionario público, aun retirado, o su familia. Y si el condenado es miembro de una organización comunitaria, podrían clausurar la entidad (Por ejemplo: una ONG, una asociación campesina, una plataforma de lucha por la igualdad racial o de género).

En la presente edición de Los Danieles otros colegas analizan las implicaciones filosóficas y antidemocráticas del esperpento. Yo he optado por buscar el rastro de quienes fabricaron el mico, lo colaron a última hora y lograron que fuera aprobado por el Parlamento. Las pistas cuentan que fue el congresista del Atlántico César Lorduy quien firmó el articulito nefando. Este curioso personaje debe su desembarco en el Capitolio al clan Char, grupo político que convirtió las jugosas utilidades de una cadena de supermercados en máquina electoral. Esta potente rosca parece ser la última y verdadera responsable de la maniobra. Uno de los Char, el cantante, presidió hace poco el Senado, mientras que su hermano, con fama de haber sido buen alcalde de Barranquilla, es el muchachón de cachucha que sonríe en las fotos de la Coalición de la Experiencia. 

En los procesos investigativos resulta clave dar con el móvil de los actos. ¿Qué impulsó al protagonista? ¿Qué motivó la operación mordaza? Casi siempre actúan resortes clásicos: el amor, el desamor, el dinero, la guerra, la venganza… 

En este caso, varios comentaristas sugieren que se trata de un desquite contra la prensa, incómodo vigilante que lleva décadas destapando la basura de gobiernos y congresos. Uno de los últimos escándalos que conoció el país gracias al periodismo fue el extravío, en siniestros laberintos, de 70.000 millones de pesos sin los cuales más de dos millones de escolares pobres carecen de conexión con internet. La exministra Karen Abudinen, cuota de los Char en la administración de Iván Duque, es la señalada por el estropicio. ¿Qué mejor venganza que arruinar una ley de transparencia con un articulejo atroz contra los malditos periodistas y, de paso, contra todo actor social que ose meterse con la casta gobernante y legisladora?

Lo más perverso del mecanismo es que el subalterno que movió la mano y puso la cara también tiene cuentas de cobro con la prensa. La plataforma Cuestión Pública ha informado que en 1979 César Lorduy disparó y dio muerte en Barranquilla a una joven de 16 años, Alicia Martínez Ribaldo. “Han pasado 42 años desde ese crimen y no ha habido justicia para Alicia y su familia” dice la página web justiciaparaalicia.org, donde aparecen detalles sobre el acallado episodio. ->>Vea más...
 
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles
 

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