El informe fue realizado en la ANT. La metadata del documento electrónico muestra que fue elaborado por una persona llamada Yois Smith Acosta.
La directora de la ANT, Myriam Martínez, me dijo en las últimas horas, en una breve conversación telefónica, que efectivamente la abogada Acosta es contratista de esa entidad oficial. Por lo demás, en documentos públicos de la misma agencia se ve el nombre de Joisse Smith Acosta Cascavita revisando y aprobando comunicaciones oficiales. Al lado de su nombre aparece el título de “Líder contratista-Equipo de Clarificación SPA y GC”.
La historia del informe enmochilado arrancó por una investigación emprendida por el periodista Juan Pablo Barrientos de Vorágine. En septiembre de 2020, Barrientos presentó dos derechos de petición ante la ANT indagando por las acciones que iba a tomar la agencia frente a los predios de El Laguito 2.
El año anterior, 2019, el juzgado promiscuo de San Carlos, Córdoba, había concedido que le escrituraran la propiedad a una compañía familiar de los Uribe llamada Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo SAS, representada por doña Lina Moreno de Uribe. La ex primera dama entabló un proceso de pertenencia por prescripción adquisitiva contra varios particulares argumentando que desde hacía más de siete años la sociedad de ella con su esposo y sus hijos, tenía dominio pacífico sobre el predio, explotaba la finca y pagaba el predial.
Sin embargo, cuando el proceso llegó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cereté, la directora se negó explicando: “El predio en mención se encuentra en falsa tradición, desde sus inicios y no ha sido saneado, por tanto, no procede la pertenencia ya que se requiere que exista dominio y en este caso no lo hay. Es un Baldío Rural, le corresponde a la ANT, su disponibilidad”.
Así las cosas, el deber de la Agencia Nacional de Tierras consistía en reclamar la restitución de la propiedad a la Nación por cuanto, por ley, solo puede adjudicar baldíos a comunidades campesinas, afrodescendientes o indígenas cuyo patrimonio no supere los 1.000 salarios mínimos. Sobra decir que los señores Uribe no hacen parte de ninguno de esos grupos.
Sin embargo, como en el refrán castellano: “Las cosas de palacio van despacio”.
El informe jamás presentado dice: “En pocas palabras, el predio se ve afectado de falsa tradición y, por ende, al no evidenciarse un acto jurídico posterior que sanee esta circunstancia, como lo sería una adjudicación de la autoridad de tierras destinada para ello, es correcto afirmar que la naturaleza jurídica del predio es BALDIA, y no ha salido del dominio del Estado”.
El senador Iván Cepeda también le había pedido a la ANT que iniciara acciones para recuperar otro baldío explotado por el expresidente Álvaro Uribe en el municipio de Montería. El mismo informe consagra que pese a las pruebas: “Actualmente, no se tienen gestiones, pronunciamientos ni actuaciones administrativas formales, por parte de la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras ANT”. ->>Vea más...
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles
