viernes, 20 de enero de 2017

(Panamá) Cuestionan influencia gubernamental sobre el Ministerio Público

La suma de un nuevo escándalo internacional que salpica a Panamá ha vuelto a colocar sobre la palestra la actuación del Ministerio Público, duramente cuestionado por la forma como lleva las investigaciones de los denominados casos complejos que involucra a funcionarios del anterior gobierno.

Con solo dos años en el cargo, Kenia Porcell, procedente del Consejo de Seguridad, ha sido criticada por su falta de independencia en el ejercicio de sus funciones y por la actuación sesgada de su equipo de fiscales anticorrupción que toman decisiones contra exfuncionarios, cuyos casos se caen luego en los juzgados y tribunales.

En este panorama, resuena la injerencia del Órgano Ejecutivo en el Ministerio Público (MP).

Solo ayer, el presidente Juan Carlos Varela confirmó que se había comunicado con la procuradora para conversar sobre el caso Odebrecht, lo que denota la influencia que ejerce sobre la jefa de los fiscales.

"El Ministerio Público ha tomado un curso de identificación absoluta con los intereses del Gobierno, cuando su obligación es para con todos los ciudadanos", manifestó el abogado Miguel Antonio Bernal.

Agregó que se ha encontrado con muchas personas que se arrepienten de haber escogido a este gobierno, porque pensaban que las cosas iban a ser diferentes.

La actuación del MP ha llegado hasta ser considerada como persecución política, situación que ha generado la atención de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha admitido varias quejas en este sentido.

Destaca el caso de la Caja de Ahorros, por el cual permanecen detenidos Riccardo Francolini, presidente de NEXtv, y el exgerente del banco, Jayson Pastor.

Recientemente, el Banco Nacional divulgó que realizó una transacción con el Metro de Panamá para financiar la construcción de la Línea 2, a cargo de Odebrecht y FCC Construcciones, que es similar a lo actuado por la Caja de Ahorros en el caso que es investigado.

"Somos del criterio de que en la Caja de Ahorros no hubo delito, sin embargo, los fiscales y la justicia panameña han sostenido lo contrario, al menos para ordenar detención preventiva de varios ciudadanos sin tomar medidas cautelares frente a otros", opinó el abogado Silvio Guerra.

En tanto, el exvicepresidente de la República Arturo Vallarino indicó que es bien conocido en este país, que la justicia se ha estado aplicando de manera selectiva en contra de adversarios políticos y todo lo contrario para los allegados al Gobierno.

"Esta es una razón por la cual nos oponemos al proyecto de ley 245 que da facultades al MP, que ya se le habían quitado con la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio, y ahora le quieren dar otras facultades extraordinarias para atender los casos de corrupción sin prescripción, con efecto retroactivo, por lo que me parece sumamente peligroso, porque al momento de aplicarlo lo harán en contra de los opositores políticos", afirmó.

Por su parte, el excontralor Alvin Weeden, quien ha asesorado al gobierno de Varela en varios temas, dijo que las actuaciones de la procuradora y su falta de independencia la descalifican para manejar el caso Odebrecht.

FUENTE: Yessika Valdés - http://panamaamerica.com.pa