El Ministerio Público no puede convertirse en un instrumento aliado del poder político para perseguir a empresarios, sociedad civil y medios de comunicación críticos a Juan Carlos Varela.A esta conclusión llegaron juristas y políticos ante las últimas actuaciones que adelanta el MP, que investiga la compra de Epasa.
Según el abogado Silvio Guerra, las funciones del MP son investigar objetiva e imparcialmente, respetando el debido proceso y la dignidad de las personas investigadas, y no perseguir para sembrar pánico.
"No podemos aceptar, nadie puede aceptar que el MP se convierta en un instrumento aliado del poder político y que este poder encuentre en el MP su mejor herramienta de persecución", dijo. Añadió que es esencial en un Estado de derecho el máximo respeto a la libertad de prensa.
"Cualquier autoridad, llámese MP, Ejecutivo o presidente de la República, que siquiera intente bloquear, violentar, disminuir o en algún momento afectar esa libertad de prensa, golpea también la libertad ciudadana a la libre emisión o expresión del pensamiento", indicó Guerra.
"En casi tres años que han transcurrido de Gobierno, nunca se había iniciado una investigación; luego, por arte de magia, aparece un ciudadano presentando una denuncia y ahora sirve como base para decirle al país que Epasa fue adquirido con fondos provenientes de contrataciones o licitaciones públicas".
A su juicio, esta investigación no debe golpear la transparencia ni la libre circulación de los medios que conforman el Grupo Epasa.
Por otro lado, el MP está fabricando un supuesto delito precedente con la licitación de la rehabilitación y ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera, para desprestigiar a Epasa, advirtieron varios analistas.
La investigación se sustenta en supuestas irregularidades en la licitación de junio de 2010, ganada por Transcaribe Trading, propiedad de los hermanos Ochy, acto en el que participaron las empresas Meco y Cusa. La ganadora presentó una oferta más económica en $50 millones, en comparación con su más cercano competidor.
El expediente sobre la autopista se inició en septiembre de 2015, con base en la copia de una auditoría realizada por la Asamblea Nacional.
La fiscal Tania Sterling nunca ordenó indagatoria y se le venció el plazo para instruir el sumario. El 15 de marzo de 2016, pidió una prórroga de 8 meses para perfeccionar las investigaciones y luego en marzo de 2017, solicitó una segunda extensión, que fue impugnada con un amparo de garantías ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, que no ha sido resuelto.
El sumario le fue devuelto a la Fiscalía entre el 3 y 4 de junio y no se ordenó indagatoria ni detenciones, pero luego el 14 de junio, Sterling giró la primera providencia para indagatoria. Después, el 20 de junio empezó a vincular a Epasa. De ser fallado el amparo anulando las actuaciones de la fiscal Sterling, la funcionaria sería blanco de acciones civiles y penales.
Todo eso pone en evidencia que están fabricando el caso para desprestigiar a Epasa, tratando de inventar un supuesto blanqueo de capitales, advirtió un jurista, quien destacó la violación del artículo 8 del Código Procesal Penal por parte de la procuradora Porcell al ignorar la presunción de inocencia de Epasa.
El que se alegue que un anticipo de $22 millones se usó en la compra de Epasa, es un absurdo, cuando la propia procuradora habla de 18 transferencias.
Ministerio Público contrata servicio de consultoría para mejorar imagen
Mientras el perfil del Ministerio Público (MP) es el de un instrumento para perseguir a los adversarios del actual gobierno, sus autoridades buscan fortalecer la comunicación institucional, contratando una consultoría.
Según el contrato, este servicio se adquiere para “recuperar la confianza entre la ciudadanía y el Ministerio Público”.
La consultora a la que se le adjudicó el contrato fue la comunicadora y abogada Maribel Cuervo de Paredes, quien cobrará 51 mil 360 dólares por este trabajo.
En el documento se registra que lo que se busca con esta consultoría es “facilitar el acceso a la información para mejorar la imagen frente a la confusión y desinformación existente sobre el rol de la institución”.
La falta de credibilidad del MP se ha visto reflejada en las últimas encuestas de Dichter & Neira, en las cuales no hay confianza sobre el resultado del caso Odebrecht.
FUENTE: Luis Miguel Avila - http://panamaamerica.com.pa
