viernes, 14 de julio de 2017

(Cataluña) Altos cargos, sueldazos y organismos propios de un país: 'arquitectos legales' del 'procés'

Son los verdaderos artífices del desafío independentista. Altos cargos, organismos y entidades creadas específicamente para ello. Dan apoyo jurídico y material para diseñar las llamadas leyes de desconexión y crear las estructuras de una futura Cataluña independiente. Su origen es la última reestructuración que Carles Puigdemont hizo en el departamento de presidencia (entró en vigor en julio de 2016), que dio lugar a dos unidades directivas que, desde entonces, actúan como punta de lanza del procés. Se trata de la Secretaría para el Desarrollo y del Autogobierno y el Instituto de Estudios del Autogobierno.

A la primera, según establece el decreto que define sus competencias, corresponde "proponer e impulsar las iniciativas y la planificación de las actuaciones relacionadas con la profundización, desarrollo y evolución del autogobierno en Cataluña". A la cabeza se encuentra uno de los nombres clave del operativo, Víctor Cullell, exsecretario del Consejo Asesor para la Transición Nacional, miembro del consejo rector del Centro de Estudios de Opinión y hombre de confianza de Artur Mas. Precisamente ejerció como jefe del gabinete de relaciones institucionales en la Oficina del Presidente desde 2010 hasta 2013 y más tarde ocupó otros cargos ligados a la cúspide de la Generalitat. Su sueldo como alto cargo asciende a 84.919 euros.

El otro nombre crucial en el desarrollo del autogobierno catalán es Carles Viver i Pi-Sunyer, al frente del Instituto de Estudios, el segundo de los entes, y conocido como el 'arquitecto legal' del 'procés'. Fue vicepresidente del Tribunal Constitucional (1990-2001) y dirigió durante años el antes llamado Instituto de Estudios Autonómicos, participando en la redacción del Estatut de 2006. El pasado año, Puigdemont le encargó dirigir la ejecución de la mejora del autogobierno y la compensación por tal cometido se corresponde con una de las retribuciones más altas de la Generalitat: 109.314 euros.

Justo antes, en 2013, fue designado para presidir el Comisionado para la Transición Nacional, órgano declarado inconstitucional por el alto tribunal y fue anulado hace apenas dos meses. Curiosamente, Viver ha sido condecorado por el Estado en distintas ocasiones por su defensa a la Constitución. En 2004, recibió la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica y un año después recibía la medalla de la Orden del Mérito Constitucional.

Además de Cullell y Viver, hay algún otro nombre que actúa como pieza clave a este dispositivo. Es el caso de Marc Sanjaume, profesor en la Universidad Pompeu Fabra que desde el pasado año compagina su actividad académica con la de asesor en materia de políticas comparadas de autogobierno, por la que cobra casi 63.000 euros. En todo caso, la Secretaría y el Instituto de Estudios no son los únicos dos organismos encargados de construir el soporte legal del 'procés'. La Oficina para la Mejora de las Instituciones de Autogobierno, dirigida por Josep Maria Reniu Vilamala, completa el triángulo de la comisión interdepartamental para el desarrollo del autogobierno y establece un hilo directo con Junqueras, al pertenecer al departamento de la Vicepresidencia y Economía del Govern. Su sueldo también es de 84.919 euros.

Cesicat, CTTI, Agencia Tributaria...

La Generalitat ha diseñado también un conjunto de organismos para, poco a poco, ir construyendo las estructuras de la futura e hipotética república catalana. En primer lugar está el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), dirigida por Xavier Gatius Garriga. La ciberseguridad se ha convertido ya en una de las prioridades para la Generalitat, como demuestra el fuerte incremento de inversiones en estrategias y sistemas en los últimos años y que a día de hoy ya alcanza los 12,3 millones de euros. Como publicó hace meses este diario, miembros de ERC anunciaron a bombo y platillo un viaje a la mayor feria de seguridad de Tel Aviv bajo la pretensión de crear la Agencia de Ciberseguridad, que sería el germen del futuro CNI catalán y acabaría con las deficiencias del propio Cesicat, cuya actividad está siendo investigada en los tribunales por supuesta intervención de correos electrónicos sin orden judicial. Mientras tanto, el Cesicat tiene un presupuesto para personal de dos millones de euros.

El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) es otra de las 'estructuras de Estado' que trabajan por desarrollar el autogobierno catalán. A través de él se licitaron los contratos necesarios para organizar la consulta del 9-N y con él que se licitarían los del referéndum del 1 de octubre. La partida presupuestaria para empleados alcanza los 4,7 millones y su director, el periodista Joan Angulo, tiene un sueldo que supera los 90.000 euros. El CTTI también se encuentra en el centro de las polémicas judiciales en la actualidad. Hace apenas unas semanas, este diario publicó que la Fiscalía investiga el presunto desvío de fondos del Centro de Telecomunicaciones y, concretamente, la participación del exconsejero de Justicia y exconsejero del CTTI Germà Gordó.

En la misma línea se encuentra el Centro de Estudios de Opinión (CEO), que cuenta con una partida de 1,45 millones (más de la mitad se destina a personal) y que encabeza Jordi Argelaguet i Argemí, cercano a ERC. Recientemente, la Generalitat contrató a una empresa privada a cargo del presupuesto del CEO para realizar una encuesta de opinión sobre el proceso independentista con un coste de 58.785 euros.

En cuanto a la Agencia Tributaria de Cataluña, otra de las patas de esta macroestructura del autogobierno, ha aumentado sus gastos en personal de 25,6 millones en 2015 a 35,3 millones en el presente ejercicio. Todo ello después de que el Tribunal Constitucional limitara las competencias de la agencia a raíz del compromiso adquirido por la Generalitat para aprobar un plan director de la Administración tributaria catalana en la Ley 3/2015. Por último, la Escuela de Administración Pública de Cataluña, dirigida por Agustí Colomines, tiene un presupuesto de más de tres millones de euros para personal y depende del departamento de Gobernación y Administraciones Públicas. Colomines, con un sueldo de 81.396 euros, fue director de la fundación CatDem —antiguo 'think tank' ligado a Convergència— desde 2007 hasta 2013, que habría servido como canal de la presunta financiación ilegal del partido recogida en el caso del 3%.

Partidas destinadas al 1-O

Son dotaciones específicas para la organización de un hipotético referéndum recogidas en los Presupuestos de 2017. El Tribunal Constitucional anuló algunas de ellas e impugnó otras, las destinadas a "procesos electorales y de participación", que pasarían igualmente a ser nulas si se utilizaran para celebrar la consulta secesionista. Precisamente, las cuentas de Cataluña de este año incluyen una dotación de 5,8 millones de euros bajo un programa llamado "organización, gestión y seguimiento de procesos electorales" y se asigna a fondos no atribuidos a ningún departamento. Una partida que no existía en el proyecto de Presupuestos anteriores y cuya cuantía es muy similar a la de los gastos generados por el 9-N, que habrían sido cinco millones, según consta en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.

Además, la Consejería de Gobernación, dirigida por Meritxell Borràs, cuenta también con presupuesto concreto para un programa bajo el mismo nombre sobre seguimiento de procesos electorales por importe de 407.450 euros, 153.350 más de los previstos en el proyecto de cuentas de 2016 que no se llegó a aprobar. De la misma forma, la Generalitat destina en sus cuentas unos 200.000 euros para comprar las urnas del referéndum de octubre. Licitación que quedó desierta, ya que ninguna empresa de las que optaban al concurso superó los trámites previstos, según el Govern.

FUENTE: Paloma Esteban - http://www.elconfidencial.com