domingo, 2 de julio de 2017

Los radicales catalanes barajan una huelga si hay detenciones por el referéndum

El independentismo no las tiene todas consigo para forzar el referéndum secesionista en Cataluña. Los círculos más radicales apuestan ahora por la movilización de sus cuadros y por medidas que contrarresten las posibles respuestas por parte del Gobierno español. “Hay que desplegar la más amplia campaña por el apoyo popular al referéndum y por el sí, con la constitución de plataformas amplias desde la izquierda por el referéndum y por el sí, para trabajar fábricas y barrios populares.
La preparación del 11 de septiembre será determinante para demostrar la capacidad movilizadora”, dice un escrito de Lucha Internacionalista, una de las organizaciones que conforman la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), el partido que garantiza la mayoría parlamentaria a Carles Puigdemont.

Este sector de la CUP apuesta por “responder con la movilización como respuesta a las provocaciones y a la creciente represión del Estado. Si se llega a detenciones, suspensión de instituciones o a la imposición por la fuerza, hay que reclamar la convocatoria de la huelga general”. Y no solo eso: entre las medidas que propondrá a la cúpula de la CUP está la reclamación “de una reunión urgente de partidos, movimientos y todo tipo de entidades de todo el Estado para organizar una Plataforma por el Derecho a Decidir de los Pueblos, para desplegar una campaña de solidaridad por el derecho de autodeterminación y contra la represión”.

Según el escrito de Lucha Internacionalista, los radicales catalanes ya han discutido el tema con el mundo 'abertzale' y “el SAT o Bildu ya se han mostrado dispuestos”. Lo cual demuestra, por otra parte, que ha habido negociaciones con el mundo 'abertzale' para un frente común. El objetivo es provocar una “ruptura democrática” “para deshacernos en todo el Estado de la monarquía que dejó Franco. Solo con esta ruptura democrática (que no se dejó hacer en el 78) es posible abrir una nueva vía de relación entre los pueblos y de garantizar los derechos de la población trabajadora. También hay que articular desde ahora iniciativas a nivel internacional desde la izquierda europea y mundial en defensa de los derechos democráticos que niegan el Estado español y la Unión Europea”.
La corrupción en la escena política

El sector internacionalista de la CUP critica que en la recta final del ‘procés’ “los dos actores principales en la escena política parten con extraordinaria debilidad interna”. Así, subrayan que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene dificultades para mantener la gobernabilidad por las acusaciones de corrupción, “pero no es menos verdad que esta corrupción también afecta a la burguesía catalana y a sus representantes políticos, con el PDeCAT y Mas al frente”. Además, critican la política de recortes de la Generalitat y aseguran que “si ganamos la República catalana, esta girará a la izquierda. La movilización tiene que forzar al Govern a llegar hasta el final”.

Según Lucha Internacionalista, los radicales catalanes han tanteado al mundo 'abertzale' y “el SAT o Bildu ya se han mostrado dispuestos”

En este sentido, no deja de valorar negativamente que la propia CUP dio luz verde a los presupuestos de Carles Puigdemont y “dejó de ser el interlocutor claro de las clases populares”. Por ello, afirma, “hace falta una acción decidida en la lucha por el referéndum y por el sí que conecte con la problemática social, que dé respuesta, que anime a la movilización”.

Ante este panorama, los ‘cuperos’ reconocen que “la importancia de los ‘comunes’ [el sector que engloba a los partidarios de la nueva izquierda de Ada Colau y de Podemos] radica en que hoy son el referente mayoritario de los y las trabajadoras de Barcelona y el cinturón industrial, que les dieron los votos decisivos para ser la primera fuerza en las elecciones legislativas”. Y subrayan que la clase trabajadora catalana “ha mirado con expectación, pero a distancia, las grandes manifestaciones por la independencia, pero también ha rechazado claramente el participar de las manifestaciones minoritarias que Ciutadans o el PP (con algunos sectores del PSC) han hecho por la unidad de España”.

Los 'cuperos' reconocen que “empieza la cuenta atrás. Pero en el choque previsible lo que cuenta no serán las declaraciones y acciones de los dos Gobiernos [la Generalitat y el Gobierno central], sino las fuerzas sociales que hay detrás: por un lado, la movilización popular y, por el otro, el aparato del Estado monárquico”.
Muchas opciones abiertas

Fuentes de la CUP consultadas por El Confidencial señalan que “se acusa a la CUP de ‘incendiar’’ el proceso, pero eso no es cierto. Alguien tiene que llamar a las cosas por su nombre. De ahí que nosotros siempre hemos mantenido que para convocar el referéndum se tiene que vulnerar, en algún momento, la legalidad. Es de simples el no entender una cuestión tan sencilla como esa”.

Estas fuentes aseguran que durante las últimas semanas “se han barajado múltiples variables sobre cómo hacer frente a la ‘represión del Estado'. Por ejemplo, ¿qué hemos de hacer si se aplica el artículo 155 y se suspenden momentáneamente las atribuciones que tiene el Parlamento catalán? Pues se han puesto sobre la mesa varias respuestas. Y se ha discutido desde convocar una huelga general hasta reunir a los diputados en otro lugar o incluso que los representantes legítimos se encierren en el propio Parlamento y se convoque a la población a rodear la cámara para evitar que sean desalojados. ¿Alguien se imagina a 200.000 catalanes acampados fuera del edificio del Parlamento? Sería una manera de proteger a los diputados. Además, se le daría a la acción una simbología muy clara y se enviaría el mensaje a Europa de que los diputados, aunque estén despojados de sus atribuciones, siguen en el Parlamento y haciendo cosas. La jugada es de resistencia y daría la vuelta al mundo. De eso se trata: de demostrar al mundo que resistimos”.

De momento, pues, todas las alternativas están encima de la mesa. La respuesta a las posibles iniciativas que pueda tomar Madrid es aún una incógnita absoluta y habrá que esperar a que haya una acción gubernamental de Madrid para valorar la respuesta que se la dará. En todo caso, afirman las fuentes, “la respuesta será proporcional con el grado de ‘violencia’ y de ‘agresividad’ que el Gobierno español utilice”. Las espadas siguen en alto.

FUENTE: Antonio Fernández - http://www.elconfidencial.com