lunes, 7 de agosto de 2017

(Cataluña - España) La ANC insta al Govern a cambiar la ley para que los Mossos no acaten la Constitución

Los independentistas apilan en las mesas de los despachos oficiales informes para intentar burlar la legislación vigente y saltarse la Constitución y el Estatuto catalán. Uno de los últimos informes elaborados hace referencia a los Mossos d’Esquadra. Lleva fecha de enero de este año y fue confeccionado por la sectorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). En él, se apunta a la necesidad de cambiar la Ley de los Mossos y que se suprima en la Ley de Transitoriedad (la más importante de las leyes rupturistas) la obligación de obedecer la Constitución.
Entre otras cosas, el informe aboga por modificar la Ley 10/1994 (la Ley de la Policía Autonómica) y “suprimir de entre los principios de actuación los siguientes: 1. Hacer cumplir la Constitución; 2. La obediencia debida no ampara actos contrarios a la Constitución”. Y si no es a toda la Constitución, al menos que exima del cumplimiento “de algunos de sus títulos o artículos. Esta supresión se tendría que hacer efectiva al resto de funcionarios, empleados públicos y autoridades de Cataluña”.

La cosa no se queda ahí, ya que se pretende despojar a los Mossos de su condición de policía judicial para evitar que puedan seguir órdenes de un juez. Y, lo que es más grave: retorcer la legalidad para que solo puedan obedecer a los magistrados en determinadas cuestiones, obviando las relacionadas con la independencia. De ahí que los independentistas propongan también "suprimir la dependencia funcional del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra respecto a los jueces, los tribunales y el Ministerio fiscal. O, en otro caso, modulación de esta dependencia funcional, en el sentido de que se suprime para todas las cuestiones directamente o indirectamente relacionadas con la celebración del referéndum y la posterior ejecución que se derive de su resultado”.
Se formaría una policía gubernativa al mando de la Generalitat, sin control judicial alguno y sujeta a las arbitrariedades del mando político separatista
Se trataría de formar una policía gubernativa al mando directo de la Generalitat. De ahí que insistan a lo largo del texto en “modificar la jurisdicción de los tribunales españoles en lo referente al proceso y que deje sin efecto la vinculación funcional de los Mossos y policías locales”. Se conformaría, entonces, una policía política sin control judicial alguno y sujeta a las arbitrariedades del mando político separatista. En un ejercicio de cinismo político, los ‘expertos’ justifican esa policía patriótica: “Solo así se conseguirá una plena seguridad jurídica, desaparecerán las presiones sobre los cuerpos policiales, los cuales podrán continuar ejerciendo sus funciones con imparcialidad y, además, se asegurará de forma clara el principio de efectividad, de control en el territorio y población, tan necesario para el reconocimiento internacional de la República catalana”.
Sanciones por obedecer leyes españolas
Como medida preventiva, los expertos soberanistas aluden a que se prevea “de forma expresa la no aplicación en Cataluña de la Ley 36/2015”. O sea, la Ley de Seguridad Nacional que puede permitir en cualquier momento la toma de control de los Mossos d’Esquadra por parte del Ministerio del Interior. En uno de los apartados, subrayan que la Ley de Transitoriedad elimine de forma expresa esa ley para todo lo relacionado con el referéndum, por lo que el Estado no podría intervenir a los Mossos d’Esquadra. “Por otro lado, se podría disponer que una parte del Cuerpo de los Mossos pasasen a formar parte de los recursos humanos adscritos al sistema de seguridad nacional y mandados por una autoridad de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o incluso militares”, añade. De esa manera, el grueso de la Policía Autonómica quedaría bajo la tutela de la Generalitat.

Paralelamente, reclaman que la Ley de Transitoriedad prevea expresamente “la no aplicación en Cataluña de ninguna disposición normativa del Estado español, orden o instrucción contraria a la celebración del referéndum y de las actuaciones posteriores que se deriven, provenga de jueces, tribunales, Ministerio fiscal o cualquier otra autoridad, estableciendo como destinatarios directos a los miembros del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra y de las policías locales catalanas”. Y va más allá al apuntar que se debería sancionar incluso la obediencia a órdenes o normas españolas: “Se habría de prever como infracción a los efectos sancionadores oportunos cualquier actuación de cualquier miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad catalanas en ejecución de resoluciones de autoridades españolas con el objetivo de impedir la celebración del referéndum y las actuaciones posteriores que se deriven”.
Lo único que han de acreditar es "que el Govern y el Parlament ejercen todos los poderes sobre el territorio y de manera exclusiva", dicta el informe
El informe destaca que “es evidente que el Cuerpo de los Mossos d’Esquadra tendrá un papel fundamental en este proceso, ya que son, conjuntamente con las policías locales, los que habrán de garantizar la seguridad en la celebración del referéndum (colegios electorales, material electoral, asegurar el libre ejercicio al derecho de voto), así como en las actuaciones posteriores hasta la consolidación de la República Catalana”.
Lo cierto es que los soberanistas lo pintan muy optimista y dan por hecha la independencia, se haga o no se haga la consulta: “La aceptación por parte de la comunidad internacional de una declaración de independencia fruto de un resultado positivo en el referéndum que se celebrará o también como consecuencia inmediata de su impedimento por la fuerza lo será en base a un principio de derecho internacional como es el de la efectividad”.

Lo único que han de acreditar ante la comunidad internacional es “que el Govern y el Parlament ejercen todos los poderes sobre el territorio y de manera exclusiva, excluyendo la aplicación de normas y competencias de otros Estados”. “En resumen –añade el informe–, lo que se requiere es población, territorio y poderes inmediatos sin más limitación que el derecho internacional. Y para conseguir este control, este poder, el Cuerpo de los Mossos de Esquadra, es estratégico”.

Las justificaciones

La meta es situar a la Policía Autonómica como la única con cobertura legal dentro del territorio catalán. Y para ello, no dudan en advertir de la necesidad de cambiar la Ley de Policía vigente. “Si entre sus principios está el de hacer cumplir la Constitución o que la obediencia debida no ampara actos contrarios a la Constitución, estos habrán de desaparecer del articulado de la ley para poder defender la efectividad real del poder exclusivo de las instituciones catalanas sobre su territorio y su población. Es más, este acatamiento a la Constitución, que es común a todos los funcionarios, empleados públicos y autoridades, tendría que desaparecer de forma previa o simultánea a la convocatoria del referéndum”.
Por otro lado, el informe trata de apaciguar las preocupaciones de los agentes autonómicos respecto a los delitos que les puedan achacar. Para los expertos, no existiría prevaricación, abandono de destino u omisión del deber de perseguir delitos si obedecen órdenes contrarias a las sentencias del TC o a la Constitución. Tampoco habrá desobediencia civil por la “inexistencia de un mandato expreso” y, además, porque este no proviene “de una autoridad o sus agentes”.
Se escudan en que los agentes no han sido notificados personalmente uno por uno de su obligación de cumplir las órdenes del TC
Además, la orden ha de “revestir todas las formalidades legales y ha de ser claramente notificada al obligar a cumplirla”. En otras palabras, se escudan en que los agentes no han sido notificados personalmente uno por uno de su obligación de cumplir las órdenes del TC. Olvidan, por ejemplo, que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Tampoco admiten la acusación de rebelión, a pesar de que esta es “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Pero aducen que para que sea rebelión es preciso que haya “violencia”. “Se describe como un delito plurisubjetivo que comporta el ejercicio de la fuerza física como elemento esencial que acompaña al del alzamiento y al de actuación pública”, dice el texto del informe.

Asimismo, rechazan la acusación de sedición porque para ello “es necesario que haya un alzamiento, una revuelta dirigida contra el orden público establecido. El alzamiento o revuelta ha de ser público, abierto y exteriorizado”. En consecuencia, para que se les pueda acusar de sedición se ha de producir “una revuelta tumultuaria, pública y abierta, desordenada, utilizando la fuerza o fuera de las vías legales”. Por último, también rechazan el delito de traición y contra la paz o la independencia del Estado porque este delito se fundamenta “en situaciones de guerra con potencias extranjeras”. Interpretaciones, por otro lado, muy difíciles de mantener en un estrado estrictamente jurídico.

FUENTE: Con información de ANTONIO FERNÁNDEZ - https://www.elconfidencial.com