“La consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar en ningún caso”. Eso dice el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, del referéndum por la independencia de Cataluña que las autoridades regionales convocaron para el 1 de octubre.Y ante la desobediencia de la Generalitat (gobierno regional) y su intención de seguir adelante con el plan, el Ejecutivo central está librando una batalla para poder frenar la consulta, mientras la tensión escala a unos niveles inéditos desde que España estrenó su democracia hace cuatro décadas.
Pero ¿qué medidas está tomando ya el gobierno de España y qué otras herramientas le quedan?
“Vulnera la Constitución”
Desde el primer momento en el que se conoció la idea del ejecutivo catalán, desde Madrid el gobierno se opuso, por considerar que vulnera la Constitución, y advirtió a la región que tomaría medidas legales si continuaba con su propósito.
Las autoridades de Cataluña lo desoyeron y este mes el Parlamento regional, en el que la mayoría de los partidos representados apoya la independencia, aprobó dos leyes para amparar la consulta y establecer una especie de hoja de ruta para una Cataluña independiente.
El 6 de septiembre, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocó oficialmente la votación popular en la que pretende preguntar a sus ciudadanos: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.
Y el gobierno de Rajoy denunció la acción ante los tribunales, que le dieron la razón.
Prohibición, arrestos y más policía
El 7 de septiembre, el Tribunal Constitucional, por unanimidad y con carácter de urgencia, prohibió la consulta al considerar que viola la Carta Magna.
El artículo 1 de la propia Constitución (aprobada en 1978) establece que la “soberanía nacional reside en el pueblo español”, por lo que una parte de él no puede decidir por todos.
Además, en el segundo artículo señala que la propia Constitución “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
El texto regula además que los referéndums solo los puede convocar el Rey a propuesta del gobierno y con autorización del legislativo, y no recoge el derecho de secesión.
Sin embargo, el gobierno catalán no reconoció la decisión del Tribunal Constitucional y continuó con los preparativos para la consulta.
Ante esto, Madrid amenazó con recurrir a “todas las herramientas” que le permite la Justicia para frenarla.
Primero, el 15 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó medidas adicionales de control de las cuentas de la Generalitat para impedir que se desvíen fondos a la votación popular, en respuesta a la negativa de Puigdemont a remitir los certificados semanales que le requiere el Ministerio de Hacienda.
“Esta medida se ha tomado para que ningún euro vaya a financiar ninguna actividad ilegal”, zanjó el titular del Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Y esta semana, por orden judicial, la Guardia Civil -policía militarizada dependiente del gobierno central- llevó a cabo en Cataluña incautaciones de urnas de y papeletas para desmontar el referéndum.
El Ministerio del Interior reforzó asimismo la presencia policial. Tres grandes cruceros atracados en puertos catalanes albergan a unos 6.000 agentes a falta de otro alojamiento en Barcelona para todos ellos y por las tensiones que se dieron entre algunos de los hospedados en los pueblos aledaños.
También se llevaron a cabo más de 400 registros y el 20 de septiembre se detuvo a empresarios y a 14 funcionarios relacionados con la organización de la consulta, entre ellos varios altos cargos del gobierno regional.
“Opción abierta”
Todo ello provocó movilizaciones multitudinarias en rechazo a la operación policial y para reivindicar el derecho a “votar” en un referéndum que la justicia española considera ilegal.
“Nuestra posición, aunque no se comparta, la hemos intentado defender apelando al diálogo. Rajoy me ha dicho que no quiere ni hablar. Esto no es aceptable en democracia”, dijo el 24 de septiembre Puigdemont en una entrevista dada al programa Salvados de la cadena española La Sexta.
Ya en un discurso anterior había asegurado que la consulta se celebrará “con todas las garantías” y agregó: “Las urnas son para todos, para los que quieren una Cataluña independiente y para los que legítimamente quieren seguir formando parte de España”.
FUENTE: Con información de BBC Mundo - http://acento.com.do
