La Asociación Panameña de Abogados Penalistas (Apap) y los abogados penalistas independientes, a través de un comunicado, se sumaron a los diferentes gremios que rechazan la injerencia en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la vez que exigieron respeto a las decisiones judiciales y que cesen las presiones.La Apap y los penalistas apuntan que el Ministerio Público, llamado constitucionalmente a defender las normas, tiene la primera responsabilidad moral y jurídica de respetar sin excusas lo que ordena la ley.
Recientemente, un fallo del pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró nulo parte del expediente del caso de los radares, por el que estuvo detenido el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, e igualmente involucró al exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz.
Por este caso en particular hubo muchas críticas rechazando dicho fallo y cuestionando lo redactado por la magistrada ponente Ángela Russo, el pasado 6 de abril, el cual fue revelado tres meses después.
Los magistrados fueron precisos en indicar que la fiscal Zuleyka Moore incumplió los plazos de las investigaciones, violó el debido proceso y ordenó la detención preventiva de los exfuncionarios fuera de plazo.
Es por ello que los juristas alzaron su voz, reiterando que en un Estado de derecho el árbitro es el juez, donde corresponde al MP acatar y respetar las decisiones judiciales, sin ningún tipo de cuestionamiento ni actos desleales.
"Las decisiones de la CSJ son finales y de obligatorio cumplimiento. En todo caso, al Ministerio Público le corresponde un autoexamen a objeto de deslindar las responsabilidades en que pudo incurrir el funcionario instructor, que por infracción de la norma, causó la nulidad", agregó la Asociación Panameña de Abogados Penalistas.
Pide más presupuesto
En tanto, Inocencio Galindo De Obarrio, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), consideró que los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público deben tomar mayor preponderancia, y ser cónsonos con las importantes funciones de estos entes y los resultados que se esperan de ellos.
También apeló a que se revisen con detenimiento las vistas presupuestarias de estas entidades de administración de justicia y se realicen los ajustes necesarios, dotándoles de los recursos que les permitan realizar el trabajo que la sociedad les exige.
"Nuestros administradores de justicia deben ser las personas más idóneas para el puesto, con solvencia moral y de ejecutoria, gozar de estabilidad laboral, compensación y beneficios que los motiven y que nos aseguren contar con administradores de justicia incorruptibles", sostuvo.
Cifras
6 de abril de 2017, la magistrada Ángela Russo redactó el fallo.
19 radares contemplaba el contrato con Finmeccanica.
125 millones de dólares fue la compra de los radares.
FUENTE: Con información de Dayra Rodríguez - http://panamaamerica.com.pa
