La procuradora Kenia Porcell y sus fiscales se equivocan en responsabilizar a la Corte Suprema de Justicia de las fallas en que incurre el Ministerio Público (MP) durante el proceso de instrucción de sumarias, según el diario Panamá América.El abogado Eduardo Sequeira opina que en el MP tienen que respetar los procedimientos para evitarse mayores reveses.
Asimismo destacó el abuso por parte de las autoridades con respecto a las medidas cautelares que se aplican una vez que las personas son indagadas, ya que los tiempos en que se pretende instruir son antojadizos, incluso más allá de lo que establece la propia norma.
"Han creado la mala interpretación de que una conducción es sinónimo de una detención", cuestionó Sequeira.
Recientemente, el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a favor del exministro de Seguridad José Raúl Mulino y el exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz, por la compra presuntamente irregular de 19 radares por 90 millones de euros a la empresa Selex, filial de la italiana Finmeccanica, ha evidenciado el mal manejo en este proceso.
Sequeira advirtió que el MP tiene que practicar su rol de instrucción de los sumarios y regirse por lo que establece la norma al respecto, porque al final se corre el riesgo de que los expedientes se caigan en el Órgano Judicial.
Alegó que sin tener un expediente robusto, ordenan la detención de las personas y se quedan sin tiempo para poder instruir y después quieren extender más allá de lo que es el procedimiento, lo que trae como consecuencia que el caso del exministro Mulino haya terminado así.
Igualmente, considera lamentable lo que se está viendo al querer determinar culpables y que esos sea en el Órgano Judicial, lo cual no es justo porque cada quien tiene su rol.
Eduardo Sequiera dejó claro que si el MP instruye un expediente y por la mala instrucción el documento se cae, no es correcto que "los cañones se enfilen contra la Corte Suprema de Justicia", cuando toman decisiones en derecho y con base en las instrucciones del expediente que envía el propio Ministerio Público.
El jurista advirtió que nadie está diciendo que no se investigue, pero lo único que se pide es que se investigue respetando los derechos de las personas, como es el caso de su defendida Silvana Manzini de De Obarrio, la madre de Adolfo 'Chichi' De Obarrio, secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli.
En tanto, para el abogado Rosendo Rivera, es una hipocresía por parte de aquellos que critican lo emitido por la CSJ en el caso de Mulino, argumentando que las decisiones judiciales no son susceptibles de amparo.
"Hoy los veo en la televisión hablando como expertos en derecho penal", sostuvo el jurista.
Advierte que lo bueno antes, ahora resulta malo, esto en referencia a un proceso en el que la CSJ decidió resolver un amparo contra una sentencia penal emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.
Como crítico de la Corte, considera necesario que todos salgan para darle paso a personas nuevas y honestas. Dejó claro que le molesta y repugna la hipocresía oportunista de algunos que salen como grandes eruditos, pero sin conocimientos básicos de lo que hablan, catalogándolos como unos charlatanes.
Intimidaciones
Ante los hechos mencionados por la procuradora Kenia Porcell, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) ve con mucha preocupación estas acusaciones de amenazas e intimidaciones para que no se culminen las investigaciones que se adelantan en el MP.
Por ello, de inmediato se debe dar inicio a las pesquisas tendientes a ejercer la acción penal contra los autores de tales hechos, como lo establece el Código Penal en su artículo 388.
El gremio de los abogados alienta al MP a que ejerza su rol, en el que las investigaciones sigan y se continúe cumpliendo los señalamientos establecidos en las leyes vigentes.
Proceder de Porcell es inadmisible, por lo que debe renunciar del cargo
El excanciller de la República de Panamá Jorge Eduardo Ritter volvió a cuestionar ayer a la procuradora de la nación, Kenia Porcell, al señalar que es inadmisible que la funcionaria haya dicho que fiscales reciben amenazas y que no haga las denuncias correspondientes.
De la misma forma opina que los procesos de justicia en Panamá se deben hacer más transparentes y públicos.
Ritter no es el único que ha criticado el actuar de Porcell luego de que, en conferencia de prensa, hiciera acusaciones sin revelar los nombres de los implicados.
Para el abogado Rosendo Rivera, si la procuradora está recibiendo amenazas del Ejecutivo, debe decir los nombres, ya que según el jurista es más irresponsable pararse ante un medio de comunicación para decir: "me amenazan".
Otro de los que opinó fue Adolfo Linares, quien cree que luego de las declaraciones de la procuradora, en la que se habla de amenazas por parte de empresarios y demás personas, debe renunciar.
FUENTE: Con información de Dayra Rodríguez - http://panamaamerica.com.pa - (PULSE AQUÍ)
